El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en una acción conjunta con el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), ha anunciado la realización de una serie de manifestaciones masivas programadas para el próximo lunes 12 de octubre. Las movilizaciones tendrán lugar en todas las cabeceras departamentales del país, iniciando las actividades a partir de las 7 horas, con el objetivo de plantear un extenso pliego de demandas dirigidas tanto al Gobierno como a los diputados del Congreso de la República.
A través de un comunicado oficial emitido por las tres organizaciones, se informó que el propósito central de estas jornadas de protesta es exigir medidas concretas para enfrentar el incremento en el costo de la vida. Según el documento, la inflación actual está afectando a millones de familias guatemaltecas, por lo que solicitan que las autoridades impulsen estrategias efectivas para frenar este fenómeno y reducir los precios de los productos y servicios básicos.
En el ámbito económico, las organizaciones proponen la implementación de una política de regulación de precios. Esta propuesta sugiere que dicha regulación no sea arbitraria, sino que se base en estudios técnicos que permitan fijar precios considerados justos y, al mismo tiempo, combatir la especulación que suele afectar los mercados locales.
Asimismo, el pronunciamiento pone el foco en la gestión de los recursos destinados a los combustibles y fertilizantes agrícolas. Codeca, el CCDA y el FNL cuestionan los subsidios que actualmente se otorgan a las empresas transnacionales importadoras de estos insumos. Las organizaciones demandan que dichos recursos sean redirigidos hacia medidas que beneficien directamente a la población general. Complementariamente, plantean la necesidad de construir una refinería para lograr la producción nacional de combustibles, buscando así reducir la dependencia externa. En relación con los servicios básicos, el grupo de organizaciones también exige la nacionalización del servicio de energía eléctrica.
En cuanto a la administración pública y el gasto estatal, los manifestantes plantean una reforma salarial profunda. Solicitan la reducción de los sueldos de los diputados y de los funcionarios públicos, proponiendo que el salario máximo para cualquier funcionario sea equivalente a cinco salarios mínimos. El comunicado detalla que los fondos resultantes de este recorte salarial deberían ser destinados a fortalecer el sistema de salud pública, específicamente para la compra de medicinas y la construcción de laboratorios en los hospitales del país.
En el terreno legislativo, las organizaciones exigen que los diputados procedan a derogar el Decreto 08-2023, norma que reformó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. De igual manera, manifiestan su rechazo a la iniciativa de ley 6665 y demandan la creación de una ley de aguas que esté fundamentada en las propuestas y necesidades reales de los pueblos y las comunidades.
El pliego de peticiones también se extiende al sistema de justicia. Se solicita al fiscal general que inicie investigaciones contra fiscales distritales, jueces y magistrados que, según las organizaciones, están vinculados con actos de corrupción y crimen organizado. En una línea similar, demandan la renuncia de magistrados tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Corte Suprema de Justicia.
Respecto a la educación superior, las organizaciones piden la renuncia de Walter Mazariegos de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y exigen el restablecimiento de las clases presenciales.
Por otro lado, el comunicado responsabiliza directamente al Gobierno por la violencia derivada de los desalojos de comunidades. Las organizaciones piden el cese inmediato de estas acciones, así como el fin de la persecución contra las comunidades y las organizaciones indígenas y campesinas.
Finalmente, el documento concluye con un llamado abierto a los pueblos y comunidades para que se sumen a las manifestaciones del 12 de octubre. A través de estas acciones, las organizaciones buscan promover lo que han denominado como un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Aunque se ha confirmado la fecha y el lugar general de las protestas, el comunicado no especificó los recorridos exactos, los puntos de concentración ni el volumen de participantes previstos.
