La comisión investigadora encargada de analizar la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sumó este lunes nuevos y relevantes antecedentes que complejizan la situación de la otrora secretaria de Estado. Durante la sesión, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, compareció ante los parlamentarios, entregando declaraciones que, si bien aclararon algunos puntos administrativos, abrieron nuevas interrogantes sobre la naturaleza de las solicitudes realizadas por Steinert durante su breve paso por el ministerio.
Uno de los ejes centrales de la jornada fue la discusión sobre un oficio reservado que la exministra envió a la PDI. En dicho documento, Steinert solicitaba antecedentes detallados de funcionarios que se encontraban vinculados a una investigación. Al respecto, el director general Eduardo Cerna explicó que recibió la solicitud mientras se encontraba en el norte del país, razón por la cual ordenó que el documento fuera derivado a las instancias correspondientes para responder únicamente aquello que estuviese ajustado a los marcos jurídicos vigentes.
Sin embargo, el punto más crítico de su declaración surgió cuando Cerna reveló que la institución policial decidió no entregar la totalidad de la información solicitada. “De todo lo que se pidió no se contestó todo”, afirmó el jefe policial ante los diputados, dejando en evidencia que hubo filtros institucionales frente a los requerimientos de la entonces ministra.
La gravedad de este hecho se acentuó cuando la comisión consultó al director general si era habitual que desde el Ministerio del Interior o la cartera de Seguridad Pública llegaran solicitudes de esa naturaleza, específicamente aquellas que piden antecedentes sobre destinos, causales o cambios de funcionarios. La respuesta de Cerna fue tajante y directa: “Primera vez que recibe un oficio de esa naturaleza”.
Esta revelación cobra especial importancia en el contexto de un dictamen previo de la Contraloría General de la República. El organismo contralor ya había establecido que Trinidad Steinert excedió sus atribuciones legales al requerir dicha información y, paralelamente, cuestionó el cumplimiento de su deber de abstención, considerando su rol previo como fiscal regional. La comisión investigadora confirmó que la exministra desistió de la reconsideración que había presentado ante Contraloría, lo que deja el dictamen firme y administrativamente vigente.
Otro punto de tensión en la sesión fue la salida de la exsubdirectora de la PDI, Consuelo Peña. Eduardo Cerna defendió firmemente que el retiro de la funcionaria fue una decisión propia, adoptada dentro de sus atribuciones legales y basada en criterios institucionales. El director general recordó que él mismo había impulsado a Peña para ser la primera mujer en ocupar la Subdirección de la PDI y aseguró que su salida no estuvo motivada por una evaluación negativa de su desempeño profesional.
No obstante, los diputados insistieron en que la ley que creó el Ministerio de Seguridad establece que el ministro debe asesorar al Presidente de la República en materias relacionadas con el alto mando, incluyendo ascensos y retiros. Ante los cuestionamientos sobre si existieron conversaciones previas con Steinert sobre el caso de Peña, Cerna respondió que las comunicaciones sostenidas con el ministro, el subsecretario y el Presidente de la República respecto al alto mando son de carácter reservado y estrictamente institucionales.
Paralelamente, la comisión manifestó su frustración ante la persistente ausencia de Trinidad Steinert. El presidente de la instancia, diputado Raúl Leiva (PS), denunció que la exministra ha sido invitada a todas las sesiones, pero se ha excusado en cada ocasión. Incluso, el acuerdo de la comisión de permitir que ella eligiera el día y la hora de su comparecencia no fue suficiente para lograr su asistencia.
Ante este escenario, los parlamentarios acordaron adoptar medidas alternativas para obtener la información necesaria. Se enviará un cuestionario por escrito a la exministra y se insistirá en obtener el acceso a todas sus comunicaciones oficiales durante los 69 días que estuvo al frente del ministerio. Asimismo, la comisión solicitará al Presidente de la República las respuestas sobre la gestión de Steinert y pedirá a la PDI, de manera reservada y anonimizada, la respuesta exacta que la institución entregó al polémico oficio. Esta última solicitud fue aprobada por cuatro votos contra tres.
Finalmente, el diputado Raúl Leiva confirmó que la comisión solicitará una prórroga para extender el plazo de su trabajo investigativo. Según Leiva, la declaración de Eduardo Cerna y el desistimiento de Steinert ante la Contraloría confirman administrativamente que la exministra incumplió el deber constitucional de abstención y sobrepasó sus facultades legales, puntos que serán centrales en las conclusiones finales del informe.
