El Gobierno argentino recibirá la próxima semana a Ben Black, titular de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos, con el objetivo de comenzar la transformación de la iniciativa bilateral denominada Corredor Andes-Atlántico en proyectos concretos. Esta propuesta contempla la movilización de herramientas de financiamiento estadounidenses por un monto de hasta US$7.000 millones, destinados a sectores estratégicos como infraestructura, energía, minerales críticos y tecnología.
Según se ha podido conocer, la llegada de Ben Black a Buenos Aires está programada para el 9 de octubre. Si bien la agenda oficial aún se encuentra en proceso de coordinación, desde el Ejecutivo Nacional consideran probable que el funcionario mantenga reuniones clave con el Ministerio de Economía, autoridades vinculadas al área de infraestructura y Santiago Caputo en la Casa Rosada. Esta visita técnica será el primer paso de una serie de encuentros, ya que posteriormente se espera la llegada del subsecretario de Estado, Christopher Landau.
La relevancia de la visita de Black radica en la naturaleza de la entidad que conduce. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional es una de las agencias que Washington prevé utilizar para estructurar las inversiones del corredor, ya que posee la capacidad de otorgar préstamos, brindar garantías, ofrecer seguros contra riesgos políticos y participar con capital directo en proyectos que cuenten con la concurrencia de inversores privados.
Es importante precisar que el monto total de US$7.000 millones no depende exclusivamente de la DFC. Esta cifra surge del marco de financiamiento firmado entre la Argentina y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), el cual prevé movilizar dichos fondos hasta el año 2027. Los recursos están orientados específicamente a proyectos de energía, minerales críticos, redes eléctricas, infraestructura digital y diversas tecnologías consideradas estratégicas.
En este esquema, la Corporación Financiera de Desarrollo y el Banco de Exportación e Importación, junto a otras agencias estadounidenses, funcionarán como instrumentos complementarios dentro de una misma estrategia integral. La etapa que se inicia ahora consiste en la identificación técnica de los proyectos que pueden ser financiados, la definición de la modalidad de financiamiento y el grado de participación de las empresas estadounidenses en cada obra.
El Corredor Andes-Atlántico fue presentado oficialmente el pasado 23 de septiembre en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y Christopher Landau. El proyecto busca establecer una conexión eficiente entre el noroeste minero del país y la zona de Vaca Muerta con la Hidrovía y los puertos del Atlántico. Para lograrlo, se contemplan inversiones en ferrocarriles, ductos, puertos, transmisión eléctrica y redes digitales.
Estados Unidos ya había anticipado el envío de funcionarios a Buenos Aires, Jujuy y Salta durante el mes de octubre para promover y analizar operaciones. La visita de Ben Black abre esta fase operativa, mientras que la posterior llegada de Landau se centrará en continuar las conversaciones tanto con funcionarios públicos como con representantes del sector privado.
Dentro de los proyectos con mayor avance se encuentra Argentina LNG, una iniciativa encabezada por YPF junto con las compañías ENI de Italia y XRG de los Emiratos Árabes Unidos. Al respecto, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos ya ha emitido una propuesta indicativa y no vinculante de financiamiento por hasta US$6.000 millones, destinada a respaldar la contratación de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos para este proyecto.
El plan de Argentina LNG incluye la producción de gas en Neuquén, la construcción de plantas de tratamiento, ductos y la instalación de unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Según las proyecciones de YPF, las primeras dos unidades operativas tendrían una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, iniciando sus operaciones en el año 2031.
En materia de transporte, Washington y Buenos Aires han identificado como áreas de interés prioritario las concesiones ferroviarias de carga y la creación de nuevas conexiones que unan Vaca Muerta con Bahía Blanca, los puertos metropolitanos y puntos estratégicos de la Hidrovía. El objetivo es analizar las oportunidades de financiamiento y la posible provisión de insumos por parte de proveedores estadounidenses.
Además, el menú de inversiones incluye infraestructura vinculada al litio, el cobre, el petróleo, el gas y la transmisión eléctrica. La estrategia de Estados Unidos no se limita a financiar los proyectos productivos, sino que busca cubrir también las obras necesarias para trasladar esos recursos hacia los mercados de exportación.
La dimensión digital del acuerdo comprende la modernización de redes de fibra óptica, conectividad satelital e inalámbrica, la instalación de cables submarinos, centros de datos destinados a la inteligencia artificial, sistemas de alerta temprana e infraestructura compartida de telecomunicaciones.
Este modelo de corredor económico tiene antecedentes en otras regiones impulsadas por Washington. Un ejemplo es el Corredor de Lobito en África, que integra ferrocarriles, energía y conectividad para unir zonas mineras con el Atlántico, o el corredor en Luzón, donde Estados Unidos participa junto con Filipinas y Japón integrando puertos, energía y transporte. El caso de Argentina representa la primera vez que Washington lanza una iniciativa de este tipo en el hemisferio occidental.
Hacia finales de octubre, la visita de Christopher Landau tendrá un perfil político y comercial más amplio. Asimismo, para el mes de noviembre, la Casa Rosada ha reconfirmado la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien llegará al país en el marco de una gira regional.
La prioridad inmediata de la reunión de la próxima semana será definir la cartera concreta del Corredor Andes-Atlántico: determinar qué obras avanzarán primero, qué agencia estadounidense intervendrá en cada caso, los requisitos técnicos y legales a cumplir, y el nivel de participación de las empresas privadas. El Gobierno busca que el acuerdo anunciado en septiembre alcance una primera etapa operativa antes de que se produzcan las siguientes visitas de altos funcionarios estadounidenses.
