La Comisión de Constitución ha dado luz verde al texto sustitutorio sobre la delegación de facultades legislativas, un proyecto que ahora pasará a ser debatido en el Pleno de la Cámara de Diputados. La propuesta, impulsada por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, fue aprobada con un resultado de 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Este nuevo texto representa un cambio significativo respecto a la solicitud original presentada por el Gobierno de Keiko Fujimori. Mientras que el pedido inicial era amplio y abarcaba diversas áreas de la administración pública, el texto sustitutorio aprobado restringe las facultades del Ejecutivo a únicamente dos materias prioritarias: la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño.
Al reducir el alcance del proyecto, han quedado descartados varios de los puntos más controvertidos de la solicitud original. Ya no se contempla la posibilidad de eliminar los topes a las tasas de interés, ni la facultad para crear, fusionar o disolver ministerios y organismos públicos. Asimismo, se han eliminado las propuestas relacionadas con la modificación del régimen laboral privado y la reducción de los días feriados, materias que originalmente formaban parte de la agenda de economía, política laboral y reestructuración del Estado.
Incluso dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, el texto ha sido depurado. Se han eliminado propuestas sensibles, tales como la facultad de declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas o la posibilidad de solicitar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a las facultades vinculadas al fenómeno de El Niño, el proyecto se centra en la gestión de emergencias. Entre las medidas aprobadas destaca la agilización de la entrega directa de ayuda humanitaria a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) durante los primeros 15 días de ocurrida la emergencia. Además, se busca acelerar la entrega de bonos y viviendas para los damnificados, así como facilitar herramientas de financiamiento, seguros y maquinaria destinada al sector agropecuario.
Otro cambio relevante es el plazo de vigencia de estas prerrogativas. El proyecto original solicitaba un periodo de 120 días, mientras que el nuevo texto aprobado por la comisión establece un plazo reducido de 90 días.
El proceso de votación reflejó las divisiones políticas dentro del Parlamento. Los trece votos a favor provinieron de diputados del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular, destacando la participación de Frank Krklec, Roxana Rocha, Romina Uribe, Fernando García, Nery Fernández, Georgina Duarte, Heber López, Victor Piñan, Freshman Buitron y César Muedas.
En Fuerza Popular, la postura no fue unificada. Mientras que Karina Beteta, Cecilia Chacón y Pier Figari votaron a favor —aunque manifestaron tener reservas sobre el texto—, Jaime Abensur y Arturo Alegría optaron por la abstención. Por su parte, la organización Juntos por el Perú votó íntegramente en contra, con los votos de Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.
La sesión estuvo marcada por momentos de tensión. Durante el debate, se produjo un fuerte intercambio de palabras entre la diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana, y la diputada Cecilia Chacón. Chipana advirtió que el texto aprobado podría ser alterado en la Cámara Alta y calificó a Fuerza Popular como una bancada autoritaria. Ante esto, Chacón exigió el retiro de dichas declaraciones y alegó que la presidencia del grupo de trabajo estaba favoreciendo a la opositora.
Asimismo, la sesión requirió un cuarto intermedio luego de que diputados de Fuerza Popular solicitaran tiempo para analizar el nuevo texto, pedido que fue respaldado por Georgina Duarte y Freshman Buitron.
Tras la votación, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, expresó su rechazo y señaló que su bancada votó sintiendo que tenían una "espada de Damocles en la cabeza", sugiriendo que se pretendía imponer una postura. Zunini manifestó su preocupación de que el Senado restituya las 66 materias contempladas inicialmente, tal como lo habría planteado la senadora Martha Chávez. Para prevenir esto, Zunini ha enviado un oficio al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta solicitando aclaraciones sobre el límite de sus capacidades para modificar los textos que ya han sido aprobados en la Cámara Baja.
