Gonzalo Sanz, quien se desempeñó como jefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, ha comparecido este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. Durante su declaración, Sanz ha expuesto una versión crítica sobre la gestión del Estado español frente a la crisis migratoria vivida los pasados 30 y 31 de julio, asegurando que la ciudad autónoma solicitó «acciones extraordinarias, inmediatas y conjuntas» a diversos ministerios que nunca llegaron a materializarse.
Según el testimonio del testigo, las peticiones de auxilio fueron dirigidas específicamente a tres frentes gubernamentales: la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska; la Secretaría de Estado de Migraciones, bajo el ministerio de Elma Saiz; y la Secretaría de Estado de Política Territorial, perteneciente al ministerio de Ángel Víctor Torres. Sanz ha sido tajante al afirmar que dicha ayuda no llegó «ni antes, ni durante ni después» de la entrada masiva de migrantes, dejando la frontera en una situación de vulnerabilidad.
La gravedad de los hechos ha sido descrita por el ex jefe de gabinete con una analogía impactante: el resultado de la inacción y la apertura de la frontera hizo que la situación «parecía Sarajevo», comparando el escenario con el de una guerra. Sanz ha insistido ante la magistrada que la crisis de aquel verano fue muy distinta a las experimentadas en años anteriores, razón por la cual se reclamaron medidas fuera de lo ordinario, ya que, en sus palabras, «todo era extraordinario».
Uno de los puntos más reveladores de la declaración, y que hasta ahora permanecía oculto, es la existencia de comunicaciones directas entre Sanz y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El testigo ha aportado el dato de haber intercambiado 19 mensajes y haber mantenido una llamada con el servicio de inteligencia, informaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez no había comunicado y que mantiene bajo secreto, sin desclasificar, a diferencia de otros documentos que ya han sido hechos públicos.
Sanz explicó que su función consistía en actuar como enlace con los servicios de inteligencia, por lo que toda la información preliminar llegaba a él antes de seguir el curso administrativo habitual. El testigo ha defendido su actuación profesional, asegurando que siempre transmitió la información a su superior jerárquico con la misma gravedad y sentido de urgencia que requería la situación, tal como había hecho durante sus cuatro años en el cargo.
Para respaldar sus afirmaciones, Gonzalo Sanz ha facilitado a la jueza Tardón información extraída de su teléfono móvil. Se prevé que este material sea sometido a un proceso de volcado y expurgo antes de que se solicite su desclasificación oficial para ser integrado plenamente en la causa.
En cuanto al origen de la crisis, el testigo ha situado el inicio de los acontecimientos el 13 de julio. Según su relato, esa fecha es clave debido a una sentencia del Tribunal Supremo cuyo contenido fue manipulado por Marruecos, desencadenando así los movimientos preparatorios para la posterior invasión. Con este dato, Sanz descarta que la alerta fuera algo improvisado o surgido repentinamente la víspera del 30 de julio.
Otro de los pasajes más destacados de la declaración se refiere a la gestión del paso terrestre. Mientras se producían las entradas masivas por vía marítima, la frontera vehicular permanecía abierta. Sanz relató un diálogo con el responsable marroquí del puesto, quien le cuestionó: «¿Y por qué voy a cerrar la frontera si tú la tienes abierta también?». Ante esto, el oficial español respondió que el cierre de la frontera requería una orden directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Asimismo, el testimonio ha dejado entrever un conflicto político interno. Según fuentes, una reunión celebrada el 27 de julio en la Delegación del Gobierno entre el Ejecutivo ceutí y el delegado no fue del agrado de Moncloa, lo que provocó que las relaciones y la coordinación se enrarecieran a partir de ese momento.
Finalmente, la declaración ha puesto de relieve una carencia estructural grave: Ceuta no disponía de un plan de seguridad. Esta ausencia de planificación en una ciudad fronteriza en el norte de África obligó a las autoridades locales a responder a la crisis «como buenamente se pudo».
La jueza María Tardón continúa investigando la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta. Mientras se espera la llegada de la causa de Ceuta al juzgado para proceder con nuevas diligencias, la investigación se centra ahora en el contenido de esos 19 mensajes y la llamada no declarados, elementos que podrían resultar determinantes en el esclarecimiento de los hechos.
