El escenario político en el Congreso de la Nación se encuentra nuevamente tensionado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/2023. Esta normativa, mediante la cual se derogó la Ley de Tierras, ha generado una reacción en cadena que comenzó en la Cámara de Diputados —donde incluso afectó el inicio del tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en las Islas Malvinas— y que ahora ha sacudido con fuerza al Senado de la Nación.
En respuesta a la situación jurídica actual, los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron formalmente un proyecto de ley que busca derogar el artículo 154 del mencionado decreto. El objetivo central de esta iniciativa es restituir la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, devolviendo así las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Los legisladores basaron su propuesta en un argumento de seguridad nacional, sosteniendo que la protección del territorio nacional es una premisa ineludible e irrenunciable para preservar la soberanía de cualquier Estado. En este sentido, aclararon que el suelo no debe ser considerado una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino que constituye un recurso estratégico y finito, estrechamente vinculado al desarrollo productivo, la autodeterminación de los pueblos y la seguridad del país.
El malestar en el Senado se intensificó a raíz de la sentencia de la Corte Suprema, la cual revocó la declaración de inconstitucionalidad que previamente había dictado la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. Aquella decisión, a cargo de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, había sido impulsada por un planteo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Para los senadores Mayans, Di Tullio y Salino, el fallo del máximo tribunal resulta un "bochorno", ya que desestimó la legitimación activa de entidades como el CECIM basándose en cuestiones estrictamente formales y procesales, dejando lo que calificaron como un "peligroso vacío de tutela judicial".
Ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma, los senadores del PJ sostuvieron que el Congreso debe asumir de manera urgente su rol institucional como garante del dominio público. Argumentaron que, si bien no corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad, es responsabilidad insoslayable del Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad territorial generada. A partir de ahora, el senador José Mayans iniciará el proceso de construcción de mayorías con otras fuerzas políticas, incluyendo aquellas vinculadas a gobernadores provinciales cercanos al Poder Ejecutivo Nacional.
En paralelo, la Cámara de Diputados también avanza en el sentido de revertir el mega decreto. El diputado Germán Martínez, líder de Unión por la Patria, solicitó una sesión especial para el próximo 15 de octubre a las 14 horas. El propósito es tratar la derogación total del DNU 70/2023, denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", el cual incluye la derogación de la Ley de Tierras rurales.
Esta solicitud de sesión cuenta con un amplio respaldo transversal, sumando las firmas de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros. No obstante, se destaca la ausencia de firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones y Salta. Además del DNU, en dicha sesión se prevé debatir dictámenes sobre la Emergencia nacional en discapacidad y el Endeudamiento familiar.
El diputado Miguel Pichetto fue enfático al vincular la Ley de Tierras con la soberanía nacional, asegurando que si el Gobierno desea defender la soberanía, debe demostrarlo incluyendo el restablecimiento de dicha ley en la Ley de Soberanía. Pichetto señaló que es contradictorio hablar de soberanía mientras se deja abierta la venta de tierras a extranjeros sin ningún límite.
Para contextualizar, la Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, establecía límites estrictos: la propiedad extranjera no podía superar el 15% del territorio nacional (límite aplicable también a nivel provincial y municipal), y un mismo propietario extranjero no podía poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente según la ubicación. Asimismo, prohibía la venta a extranjeros de tierras ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
Desde la perspectiva jurídica, el expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que la decisión de la Corte genera una fuerte incertidumbre institucional sobre qué normas están vigentes. Gil Lavedra avaló el mecanismo de los senadores, explicando que, aunque la Ley 26.122 no permite aceptar o rechazar parcialmente un DNU, el Congreso sí puede sancionar autónomamente una ley que derogue cualquier parte de un decreto. Además, calificó al DNU 70/23 como "abiertamente inconstitucional" por su carácter ómnibus y por legislar sobre materias ajenas a una emergencia, citando la doctrina tradicional de la Corte y el caso Cencosud.
Finalmente, la resolución de este vacío legal quedará en manos del Congreso y del Poder Ejecutivo, mientras la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mantiene su postura procesal sobre el asunto.
