La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó, mediante una votación de 24 votos a favor y 20 en contra, la creación de una sobretasa al impuesto predial destinada al alumbrado público. Esta medida, que formaba parte de la reforma tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán, permitirá que la ciudad implemente un cobro que había sido intentado durante más de dos décadas sin éxito. La nueva disposición comenzará a aplicarse el próximo año y afectará a más de un millón de propietarios en la capital.
La medida se centra específicamente en los predios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, así como en los sectores financiero, industrial y comercial. De acuerdo con la normativa aprobada, los costos anuales variarán según el estrato: un propietario de estrato 4 deberá cancelar $133.000, mientras que los de estrato 5 pagarán $227.000 y los de estrato 6 alcanzarán una cifra de $348.000. En términos mensuales, esto representa un costo que oscila entre los $11.000 y los $29.000 para estos sectores residenciales.
Para los sectores no residenciales, las tarifas serán significativamente más altas. Los predios comerciales deberán cancelar una suma de $1.672.000 anuales, los industriales pagarán $2.342.000 y los dueños de lotes deberán abonar $2.400.000. Por su parte, los predios del sector financiero tendrán una tarifa anual de $577.000.
La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que el recaudo obtenido a través de esta sobretasa se invertirá en la modernización tecnológica de las redes de alumbrado público de la ciudad. El objetivo es transitar hacia un sistema de alumbrado público inteligente que incluya tele gestión, una herramienta que permitirá a la administración detectar fallas de manera eficiente y reducir el consumo general de energía.
Asimismo, la funcionaria detalló que existen excepciones importantes para garantizar la equidad del cobro. No pagarán la sobretasa los propietarios de predios ubicados en los estratos 1, 2 y 3. De igual manera, aquellos propietarios de los estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B y C del SISBEN tendrán una tarifa de 0 pesos. Esta misma exención se aplicará a los comercios que demuestren no tener capacidad de pago.
En cuanto al respaldo político en el Concejo, la aprobación de los artículos 9 y 10 del proyecto de acuerdo 724 y 709 de 2026 fue posible gracias a una coalición de diversas bancadas. Por el partido Liberal, votaron a favor Samir Abisambra, German García, María Victoria Vargas, Álvaro Acevedo, Darío Cepeda y Armando Gutiérrez. Del partido Nuevo Liberalismo, el apoyo vino de Juan Manuel Díaz, David Araque, Ricardo Correa, Cristina Calderón, Fernando López, Elkín Huertas y David Saavedra. Por Alianza Verde, dieron su aval Julián Triana, Edward Arias, Andrés García, Julián Rodríguez, Leandro Castellanos, María Clara Name y Andrés Onzaga.
Sin embargo, el equilibrio de la votación se definió gracias a los votos de Juan David Quintero, del partido En Marcha; Humberto Amín y Andrea Hernández, del Centro Democrático, y Emel Rojas, de Nueva Fuerza Democrática, quienes inclinaron la balanza a favor de la administración distrital.
El logro del alcalde Carlos Fernando Galán destaca frente a los intentos fallidos de seis administraciones anteriores. La historia de este cobro inició en 2003 con Antanas Mockus, quien intentó aprobar la medida en diez ocasiones, siendo rechazado en todas ellas. Posteriormente, Lucho Garzón lo intentó en dos oportunidades entre 2004 y 2007, y Samuel Moreno presentó el proyecto una sola vez, sin obtener la aprobación.
Más adelante, en 2012, el entonces alcalde Gustavo Petro presentó la iniciativa, pero tampoco prosperó y no insistió en el tema. En 2016, Enrique Peñalosa también intentó implementar el cobro, pero fue rechazado por el Cabildo Distrital. Galán consiguió finalmente la aprobación gracias al trabajo de su equipo, liderado por Gustavo Quintero y la secretaria Ana María Cadena, sumado al apoyo clave de concejales como el presidente de la corporación, Humberto Amín.
