El presidente Abelardo De La Espriella ha intensificado sus acciones en materia de seguridad nacional, centrando sus esfuerzos actuales en combatir la minería ilegal, una actividad que, según el mandatario, depreda los ecosistemas del país y sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas. En un anuncio realizado este lunes 28 de septiembre, el jefe de Estado declaró una "guerra sin tregua" contra esta práctica ilícita que afecta a diversos departamentos colombianos.
El foco de las acciones más recientes se concentró en el departamento de Antioquia, específicamente en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en el municipio de El Bagre. En este punto geográfico, las fuerzas de seguridad, integradas por la Policía, el Ejército y la Armada, llevaron a cabo la denominada "Operación Aquiles". El objetivo primordial de esta misión fue desmantelar la infraestructura utilizada para la extracción ilegal de oro en la zona.
Como resultado de la intervención, las autoridades procedieron a la inutilización de una cantidad considerable de maquinaria pesada y equipos industriales. El reporte oficial detalló la destrucción de tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales. Estas herramientas eran fundamentales para la operación de extracción de oro de manera ilícita en el cauce del río.
El impacto económico de esta mina era significativo. De acuerdo con la información proporcionada por el presidente De La Espriella, en este sitio se extraían mensualmente aproximadamente 26,5 kilos de oro. En el mercado informal, esta producción estaba valorada en 11.130 millones de pesos mensuales. El golpe financiero no solo se limita a la pérdida de la producción, sino que afecta directamente la estructura de costos y logística de los grupos criminales.
El mandatario reveló que la subestructura Uldar Cardona Rueda, perteneciente al Clan del Golfo, ejercía un control sobre esta operación mediante la extorsión. El grupo armado cobraba un porcentaje equivalente al 15 % de la producción total, lo que se traduce en ingresos mensuales aproximados de 1.669 millones de pesos para la organización criminal. Con la inutilización de la maquinaria, el Gobierno estima que la cadena logística de estos grupos se vio afectada por un monto de 6.264 millones de pesos.
Más allá de lo financiero, el presidente destacó el beneficio ambiental de la operación. De La Espriella señaló que cada máquina retirada del río Nechí representa una disminución en la contaminación, una reducción de sedimentos y una mitigación del daño causado al cauce del río. El mandatario aseguró que el Estado seguirá golpeando las finanzas de los narcoterroristas para defender los recursos naturales de la nación.
La problemática de la minería ilegal a gran escala no es un hecho aislado en Antioquia. Las autoridades han identificado que grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc han diversificado sus fuentes de ingresos. Además de los cultivos de coca, estas organizaciones han encontrado en la extracción de oro una fuente lucrativa de financiamiento en departamentos como Antioquia, Chocó y Caquetá, involucrando en ocasiones a campesinos de regiones apartadas.
Este operativo se enmarca en el primer mes de gestión del Gobierno de De La Espriella, quien ha buscado cumplir sus promesas de campaña centradas en la seguridad ciudadana. El jefe de Estado ha manifestado que su mandato estará dedicado a enfrentar frontalmente los problemas de orden público que azotan al territorio.
En una alocución realizada el domingo 27 de septiembre, el presidente insistió en que seguirá liderando personalmente los operativos contra la criminalidad, tal como lo ha hecho recientemente en ciudades como Cali y Santa Marta. El mandatario subrayó su compromiso de dar de baja a capos del narcotráfico y continuar las offensive contra la minería ilegal.
Finalmente, Abelardo De La Espriella enfatizó su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asegurando que estará al frente de las operaciones por deber constitucional. Afirmó que, de ser necesario y conforme a la ley, hará uso de las armas legítimas de la República. "Yo no me escondo, yo doy la cara, yo pongo el pecho por mi gente", remató el mandatario, reiterando que defenderá al pueblo colombiano incluso si ello implica un riesgo personal.
