Las delegaciones del oficialismo y la Asamblea Nacional 2015 finalizaron el pasado 25 de septiembre el segundo ciclo de reuniones de diálogo. Como resultado de estos encuentros, se alcanzaron diversos acuerdos, destacando entre ellos la designación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La creación de esta instancia ya había sido anunciada previamente el 12 de agosto, durante el desarrollo del primer ciclo de diálogo. El nuevo Consejo tiene la función de operar de manera paralela al Comité de Postulaciones Judiciales, estableciendo un mecanismo de verificación para quienes aspiren a integrar el máximo tribunal del país.
El cuerpo de especialistas designado para integrar este consejo está compuesto por perfiles diversos en el ámbito jurídico y académico. Entre ellos se encuentra Belén Ramírez Landaeta, jurista especializada en derecho administrativo. Ramírez Landaeta cuenta con una trayectoria que incluye el ejercicio como magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia hasta el año 1999, fecha en la cual dicha institución fue sustituida por el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, ha desarrollado investigaciones sobre la distribución de competencias judiciales, el amparo constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa. En la actualidad, preside la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Funeda).
También forma parte del consejo María Bernadoni de Govea, egresada de la Universidad del Zulia y con estudios de posgrado en Derecho del Trabajo realizados en la Universidad de Roma, Italia. Su experiencia en la administración pública incluye el cargo de ministra del Trabajo entre 1997 y 1999, durante el segundo mandato de Rafael Caldera. Entre 2001 y 2005, presidió el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el ámbito académico, ha sido docente de derecho social en la Universidad Monteávila y de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, enfocando sus investigaciones en legislación laboral, negociación colectiva, libertad sindical y relaciones laborales.
Deyanira Nieves Bastidas se suma al grupo con una trayectoria ligada estrechamente al sistema judicial. Inició su camino como asistente de tribunales del Circuito Judicial Penal de Caracas mientras cursaba estudios en la Universidad Santa María. Tras graduarse como abogada, se desempeñó como abogada asistente de varios magistrados de la Sala de Casación Penal de la antigua Corte Suprema de Justicia, donde además fue coordinadora del Pool de Abogados y secretaria accidental de dicha sala. Entre 2004 y 2015, ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ, llegando a presidir esta instancia. Adicionalmente, fue directora general de la Defensa Pública por tres periodos bianuales consecutivos desde 2005 y formó parte de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial. En la actualidad, es rectora de la Universidad Audiovisual de Venezuela y fue profesora de Derecho Procesal Penal en la Universidad Santa María, donde también es especialista en ciencias penales.
El consejo incluye también a Rogelio Pérez Perdomo, abogado con un máster en derecho por la Universidad de Harvard (1972), un doctorado en ciencias mención derecho por la Universidad Central de Venezuela (1975) y estudios en filosofía y sociología del derecho en la Universidad de París. Especialista en historia del derecho, sociología jurídica y estudios sobre justicia y revoluciones en América Latina, Pérez Perdomo fue decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho en Oñati, España. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, académico honorario de la Academia de Derecho del Perú y profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad Stanford, donde dirigió el Stanford Program for International Legal Studies.
Por su parte, Bernardo Pulido Márquez aporta una visión orientada a los derechos humanos y el derecho constitucional. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde fue profesor, posee un máster por la Universidad de Stanford y un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Notre Dame. En 2021, recibió el Kellogg Institute Award for Outstanding Doctoral Student Contributions. Su investigación doctoral se centró en las restricciones al derecho de postularse a cargos de elección popular. Además, ha representado a víctimas ante la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, y ha actuado como abogado demandante ante relatores y comisiones de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Silio César Sánchez Zerpa, abogado constitucionalista, integra el grupo. Actualmente es vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y coordinador nacional del programa de formación de grado de estudios jurídicos de dicha institución. Su experiencia administrativa incluye haber sido director ejecutivo de la Magistratura del TSJ en 2015 y nuevamente en 2022, cargo responsable del mantenimiento de instalaciones, equipamiento y pago de salarios del personal judicial. Asimismo, fue designado como magistrado suplente para la Sala de Casación Social en 2015 y representó al máximo tribunal ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Finalmente, el consejo cuenta con Federico Sebastián Fuenmayor Gallo, egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), con especialización en derecho penitenciario, constitucional, penal y garantías constitucionales. Es magíster y doctor en derecho, con investigaciones sobre sistema penitenciario, pena, delito y derechos constitucionales. Fuenmayor asumió como magistrado suplente de Gladys Gutiérrez en diciembre de 2015, mediante un nombramiento realizado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista previa al cambio de control parlamentario, proceso denominado como designación de “magistrados exprés”. Su firma consta en las sentencias 155 y 156 del TSJ; la primera declaró en desacato a la AN 2015 por supuesta injerencia extranjera y la segunda atribuyó los poderes constitucionales del Parlamento a la Sala Constitucional. Cabe destacar que fue el único integrante de la Sala Constitucional no sancionado por el Departamento del Tesoro de EE UU en 2017.
