El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que se vio obligada a abandonar su hogar en Madrid al no poder hacer frente al pago del alquiler, ha provocado una intensa ola de movilizaciones sociales. Estas protestas, centradas en el encarecimiento de la vivienda y los precios de los alquileres, han recuperado la simbología de los movimientos sociales de 2011, evocando las concentraciones de los indignados durante la crisis económica y financiera.
La magnitud de la respuesta social quedó patente tras una multitudinaria manifestación que recorrió el centro de la capital española. Los manifestantes no solo denunciaron la situación particular de la anciana, sino que exigieron al Gobierno la aprobación inmediata de un decreto de vivienda este próximo martes. Una de las demandas centrales de la movilización es la inclusión de contratos de alquiler indefinidos en dicha normativa. Como muestra de su determinación, centenares de personas se desplazaron hacia la Puerta del Sol para pernoctar en tiendas de campaña, replicando la ubicación exacta de las protestas del 15-M.
A diferencia de aquellas movilizaciones de 2011, la actual protesta no se plantea como un movimiento indefinido, sino que persigue un objetivo legislativo concreto. Alicia de Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó este domingo que la meta es lograr que el decreto de vivienda se apruebe el martes con la inclusión de los contratos indefinidos para evitar que se repitan casos como el de Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas ha sido enfático en sus exigencias, solicitando que la normativa obligue a los arrendadores a acreditar una causa justificada en caso de no querer renovar un contrato. En aquellos supuestos donde no se presente dicha justificación, el sindicato propone que los propietarios tengan que indemnizar al arrendatario.
En el plano político, la situación ha generado fuertes tensiones dentro del Gobierno de coalición. Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Sumar y Mas Madrid, ha recordado que ya se intentó aprobar un decreto de vivienda el pasado mes de julio, pero la iniciativa no prosperó debido a la falta de apoyos. García ha lanzado duras críticas hacia los socialistas, acusándolos de "arrastrar los pies" durante los últimos meses. Asimismo, la ministra ha señalado al Partido Popular, calificándolos de ser "tan buitres como los fondos".
Según Mónica García, si el Partido Socialista hubiera escuchado las propuestas y se hubiera impulsado el Real Decreto en julio o a principios de septiembre, tal como estaba pactado, la situación actual sería distinta. La dirigente de Sumar sostiene que el país ha estado aplicando "parches" durante muchos años en lugar de abordar el problema real de la vivienda. Ante este escenario, ha sentenciado que el llamado "Real Decreto Maricarmen" debe aprobarse el martes sin falta, advirtiendo que el futuro del Gobierno y de la Legislatura está en juego.
La presión interna ha escalado hasta el punto de que Sumar ha anunciado una medida drástica: sus cinco ministros están dispuestos a no asistir a la reunión del Consejo de Ministros del martes si no se incluye el paquete de medidas frente a la crisis habitacional para asegurar la aprobación del decreto. A través de un comunicado, el movimiento ha subrayado que "no valen parches" y que el Gobierno no puede limitarse a adoptar una postura de perfil ni plantear "medidas descafeinadas".
Una vez que el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros, deberá pasar al Congreso de los Diputados para su convalidación. En este punto, el Gobierno, que se encuentra en minoría, necesitará apoyos externos, siendo clave la posición de Junts per Catalunya. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha manifestado este domingo que su formación dará el voto favorable si el decreto incluye una regulación efectiva para "parar los pies a los fondos buitres".
No obstante, Turull también ha emitido una advertencia al Ejecutivo. Ha solicitado que la normativa de vivienda no se mezcle con otras medidas, tal como ocurrió anteriormente con el decreto ómnibus sobre las pensiones. Para Junts, es fundamental que el decreto no contenga disposiciones que resulten en la "criminalización al pequeño propietario". El apoyo de Junts será determinante para que el Gobierno de coalición logre sacar adelante este proyecto en un Parlamento donde actualmente enfrenta dificultades para aprobar sus iniciativas.
