El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha iniciado un proceso para cancelar fondos por un monto de 810 millones de dólares que habían sido asignados previamente por el Congreso. Estos recursos estaban destinados a refugiados, inmigrantes y diversos servicios que la actual administración considera innecesarios, según confirmó un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).
La estrategia empleada para ejecutar estos recortes se conoce como una “rescisión de bolsillo”. Este mecanismo consiste en un paquete de propuestas de recorte que el presidente Trump envió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a través de una carta de notificación. Las medidas afectan a múltiples carteras gubernamentales, incluyendo los Departamentos de Comercio, Educación, Salud y Servicios Humanos (HHS), Seguridad Nacional (DHS), Vivienda y Desarrollo Urbano, así como el Departamento de Justicia. Asimismo, una parte considerable de los recortes impacta programas de asistencia internacional.
Desde la Casa Blanca, se argumenta que el presidente Trump tiene como objetivo eliminar el “gasto público más perjudicial”. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción en el Capitolio. Algunos legisladores han calificado la acción como un “veto ilegal a partidas presupuestarias”, argumentando que el Ejecutivo está eludiendo la autoridad legislativa del Congreso. El funcionamiento técnico de estas rescisiones implica que, una vez presentadas por la Casa Blanca, los fondos quedan suspendidos. El Congreso dispone entonces de un plazo de 45 días para actuar; no obstante, debido a que el año fiscal finaliza el próximo 30 de septiembre, los fondos quedarían, en la práctica, cancelados definitivamente.
Entre los recortes más específicos se encuentra la propuesta de cancelar 10 millones de dólares de los 50 millones asignados a la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias (MBDA). El Gobierno de Trump sostiene que estos fondos fueron asignados con “fines inconstitucionales basados en la raza”. En la carta de notificación, se afirma que los programas de subvenciones de la MBDA otorgan fondos basándose en la raza de los beneficiarios, calificando estas iniciativas como “divisivas y discriminatorias”. Debido a esta postura, la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027 ya ha propuesto la eliminación total de dicha agencia.
Otro de los recortes más significativos afecta a la cuenta de Asistencia para Refugiados y Recién Llegados, con una reducción de 567 millones de dólares. Este fondo financia los programas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Casa Blanca justifica esta decisión alegando que la oficina está “sobrefinanciada”, argumentando que las políticas fronterizas implementadas por Trump han logrado reducir los cruces en la frontera. Cabe destacar que los refugiados suelen ingresar al país tras pasar por exhaustivas verificaciones de antecedentes coordinadas por el Departamento de Estado y diversas organizaciones no gubernamentales.
En cuanto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las rescisiones incluyen la eliminación de 15 millones de dólares destinados al Programa Piloto de Gestión de Casos Alternativos a la Detención. Este programa provee servicios de gestión a personas supervisadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no se encuentran detenidas. El Gobierno justificó el recorte afirmando que se eliminarían “gastos innecesarios y superfluos”. Adicionalmente, se recortarían 10 millones de dólares del programa de subvenciones para la Ciudadanía e Integración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), diseñado para ayudar a residentes permanentes legales a aprender inglés e historia de Estados Unidos. El Gobierno señaló que el DHS ya ha suspendido este programa y ha cancelado subvenciones otorgadas en periodos anteriores.
La reacción política ha sido contundente. La senadora republicana Susan Collins expresó a través de la red social X que esta reducción presupuestaria evidencia que la OMB retuvo intencionalmente los fondos durante meses para ejecutar una “cancelación ilegal” de asignaciones que habían sido aprobadas con apoyo bipartidista y promulgadas por ley. Collins subrayó que cualquier intento de rescindir fondos sin la aprobación del Congreso representa una clara violación de la ley y aseguró que trabajará con sus colegas para abordar estas acciones.
Por su parte, el senador demócrata Jeff Merkley calificó la medida como un “veto ilegal” y pidió a los republicanos reflexionar sobre cómo reaccionarían si un presidente demócrata actuara de la misma manera. Merkley enfatizó que esta acción viola la separación de poderes consagrada en la Constitución, ya que corresponde al Congreso, y no al presidente, decidir qué programas se diseñan y cuál es su nivel de financiamiento.
A pesar de las críticas, este no es el primer episodio de este tipo. El año pasado, el Gobierno de Trump utilizó facultades presidenciales bajo la Ley de Control de Retención de Fondos para cancelar 4.900 millones de dólares en ayuda exterior. Esta acción fue destacada por la Casa Blanca como el uso de facultades “largamente olvidadas”, siendo Jimmy Carter el último presidente en emplear un método similar en 1977.
Finalmente, la Casa Blanca defendió su postura mediante un comunicado, afirmando que el presidente continúa su compromiso con el contribuyente estadounidense al implementar esta segunda “rescisión de bolsillo” para eliminar casi 1.000 millones de dólares en lo que consideran el gasto público más perjudicial.
