La trayectoria financiera de Gaby Carrizo, quien se desempeñó como vicepresidente de la República durante el periodo 2019-2024, se ha convertido en el centro de una exhaustiva investigación judicial debido a un crecimiento patrimonial que las autoridades consideran inexplicable. Lo que comenzó como la irrupción de un personaje desconocido en la fórmula presidencial de Laurentino Cortizo, ha derivado en un complejo entramado de cuentas, sociedades y propiedades de lujo que hoy son analizadas por la Fiscalía Anticorrupción.
El contraste es drástico. Antes de asumir el cargo, Carrizo mantenía un perfil modesto en Penonomé, con ingresos mensuales que no alcanzaban los 700 dólares. Sin embargo, al cierre de su gestión, los datos revelados por una fiscal indican que el exvicepresidente sumó ingresos por 7.1 millones de dólares durante el quinquenio 2019-2024. A esto se suma que el patrimonio familiar declarado ascendió a 9 millones de dólares, un exceso financiero que detonó la investigación formal por enriquecimiento injustificado en su contra.
Uno de los puntos neurálgicos de este caso es la adquisición de un apartamento en el lujoso PH Marea, ubicado en Costa del Este. El inmueble, valorado en 1.4 millones de dólares, fue adquirido poco después de la victoria electoral. El apartamento fue vendido por Adel Yaafar Chahin a través de la sociedad Nano Properties, Corp. Según la defensa de Carrizo, los fondos para esta compra fueron provistos por su esposa, Julieta Spiegel, quien es vicepresidenta de la Fundación Carspi (Carrizo-Spiegel). Esta fundación fue creada en 2014 y otorga poderes generales a ambos cónyuges para representar la entidad de forma conjunta.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción puso el foco en que la operación de compra no se realizó de manera conjunta, sino que figuró únicamente Julieta Spiegel, quien es descrita frecuentemente como millonaria gracias al patrimonio de sus padres. A pesar de este argumento, la Fiscalía procedió a la aprehensión del inmueble basándose en una certificación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Dicho documento reveló que el beneficiario final de la sociedad dueña del apartamento no es la señora Spiegel, sino su esposo, Gaby Carrizo. Aunque posteriormente lograron la desaprehensión del inmueble, el hallazgo dejó abierta la interrogante sobre por qué el beneficiario final sería únicamente el marido si, según la defensa, ella fue quien pagó la propiedad.
La investigación también ha detectado irregularidades en los tiempos y métodos de pago. En junio de 2019, Luis Acevedo, quien fuera socio de Carrizo, protocolizó una escritura donde el Banco General declaraba cancelada la hipoteca del apartamento. Esta liberación se produjo tras recibir una "garantía bancaria" el 1 de junio de 2019, emitida por dos oficiales de comercio exterior del mismo banco, por un monto de 1 millón 132 mil dólares. El origen de estos fondos sugiere una procedencia extranjera.
Existe una contradicción fundamental en las fechas presentadas por la defensa. Mientras los abogados de Carrizo sostienen que el apartamento se pagó completamente el 24 de mayo de 2019, cuando él aún no era funcionario público, los registros del Registro Público y las investigaciones de la fiscalía indican que los pagos se extendieron hasta septiembre de 2019, periodo en el cual Carrizo ya ejercía como vicepresidente de la República.
Finalmente, el estilo de vida del exvicepresidente ha sido objeto de cuestionamientos. El salto desde una vivienda modesta en Penonomé y una casa en Villa Belén hacia la residencia en lujosas mansiones, construidas precisamente durante su periodo en el poder, refuerza las dudas sobre el origen de su fortuna. El caso plantea si el patrimonio acumulado es fruto de la herencia familiar de su esposa o si es el resultado de beneficios obtenidos durante su paso por la vicepresidencia.
