El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, ha salido al frente para aclarar la postura de la institución respecto al proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas. A través de declaraciones oficiales, el funcionario aseguró que el Ministerio Público no tiene como objetivo incidir en la designación de quien ocupará este cargo, a pesar de que la Fiscalía contra la Corrupción ha solicitado información formal a la Comisión de Postulación en el marco de una investigación penal.
La controversia surgió luego de que se hiciera público que la Fiscalía contra la Corrupción requirió datos específicos a la Comisión de Postulación. Según se detalla en el requerimiento, el cual tiene fecha del 23 de septiembre, la solicitud está vinculada al expediente MP001-2026-42141. En dicho documento, el órgano fiscalizador establece un plazo perentorio de siete días para que la comisión haga entrega de la información solicitada por la fiscalía.
Gabriel García Luna enfatizó que las actuaciones del Ministerio Público se encuentran estrictamente alineadas con sus funciones legales de investigación y persecución penal. En este sentido, sostuvo que la institución no pretende intervenir en el proceso de elección, haciendo una distinción explícita al afirmar que no se busca actuar “como antes se hacía”. Con estas palabras, el fiscal general intentó desvincular las acciones judiciales de cualquier intento de manipulación política sobre la selección del funcionario.
El requerimiento de información se centra específicamente en la etapa inicial del proceso de postulación. La Fiscalía contra la Corrupción ha solicitado detalles sobre las reglas aplicadas para la recepción de los expedientes, las bases de la convocatoria y los requisitos técnicos y profesionales que debían cumplir los aspirantes interesados en optar al cargo de Contralor General de Cuentas.
Este movimiento legal ocurre en un momento crítico del calendario electoral administrativo, ya que la Comisión de Postulación ya ha integrado la nómina de seis candidatos. Esta lista final debe ser trasladada al Congreso de la República, donde los diputados serán los encargados de elegir al funcionario que liderará la Contraloría General de Cuentas para el período comprendido entre los años 2026 y 2030.
García Luna reiteró que el objetivo de estas diligencias es el cumplimiento de las atribuciones del Ministerio Público y no la interferencia en la decisión final que corresponde legalmente al Congreso. El Fiscal General busca transmitir que la solicitud de información es un paso procesal dentro de una investigación y no un mecanismo para filtrar o vetar candidatos.
Además de abordar el tema de la Contraloría, el Fiscal General se refirió a la situación de las denuncias por delitos electorales. García Luna explicó que las investigaciones que se llevan a cabo en este ámbito se rigen por criterios de objetividad, subrayando que “el objetivo no es eliminar contendientes”, sino asegurar el cumplimiento de la ley.
En un análisis sobre los riesgos que enfrenta la democracia, el funcionario mencionó la existencia de la denominada “narcopolítica”. Según García Luna, este fenómeno no es nuevo y, basándose en los antecedentes, ya se ha manifestado en elecciones pasadas. El Fiscal General advirtió que este problema no se preveía únicamente para los comicios actuales, sino que es una realidad persistente.
García Luna detalló que existen grupos de narcotráfico y, en la actualidad, también pandillas que disponen de ingresos económicos considerables. Según el jefe del Ministerio Público, algunos candidatos caen en la tentación de aceptar dinero proveniente de estas fuentes ilícitas para financiar sus campañas o asegurar su ascenso político.
Finalmente, el Fiscal General aseguró que todas las investigaciones relacionadas con este tipo de denuncias, tanto en el ámbito de la elección del Contralor como en el electoral general, se realizarán estrictamente conforme a la ley y a la normativa vigente, manteniendo el enfoque en la legalidad de los procesos.
