El Gobierno nacional ha decidido iniciar una nueva ofensiva legal mediante la apelación de una resolución judicial que le imponía un plazo perentorio de cinco días para ejecutar de manera íntegra la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Según confirmaron funcionarios que poseen acceso al expediente, la presentación formal del recurso se llevará a cabo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Esta decisión del Poder Ejecutivo tiene como objetivo principal neutralizar la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. El magistrado, al fundamentar su fallo, sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la medida cautelar que se encuentra vigente. En consecuencia, Cormick lanzó una advertencia explícita a la Casa Rosada: en caso de que el Gobierno no acate la orden judicial en el tiempo establecido, se enfrentaría a la aplicación de sanciones económicas, conocidas técnicamente como astreintes, las cuales se computarían por cada día de retraso en la implementación.
Dentro de la estrategia jurídica que el oficialismo está diseñando, se encuentra la posibilidad de solicitar que la apelación tenga un efecto suspensivo. De ser aceptado este pedido, la intimación del juez Cormick quedaría pausada, permitiendo que el Gobierno evite las sanciones inmediatas mientras la Cámara revisa los fundamentos del caso. Desde los despachos oficiales indicaron que "estamos estudiando el tema", señalando que aún no se ha tomado una determinación definitiva sobre el uso de este recurso técnico.
La postura del Ejecutivo es radicalmente opuesta a la visión del juez. Fuentes cercanas a la causa dentro del Gobierno afirman que el mandato judicial ya ha sido respondido y que las pruebas que acreditan dicho acatamiento fueron presentadas debidamente ante la Justicia. Este argumento será la pieza central de su defensa legal en la instancia de apelación.
Es importante precisar que este nuevo recurso no busca poner en discusión la cautelar original, la cual ya se encuentra firme. Aquella medida fue dictada por el juez Cormick en diciembre de 2025 y exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Dichos artículos establecen específicamente la necesidad de actualizar los programas de becas destinados a los estudiantes, así como la recomposición de los haberes para los trabajadores docentes y no docentes de las instituciones universitarias.
La vigencia de esta cautelar ya fue ratificada previamente por la Cámara de Apelaciones y posteriormente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal del país rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno el pasado 25 de junio, bajo el argumento de que no se trataba de una sentencia definitiva. Esta decisión blindó la medida cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo del litigio.
El núcleo del conflicto judicial radica en la constitucionalidad del decreto 759/2025. A través de esta normativa, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su implementación efectiva a la obtención de los recursos financieros necesarios para cubrir el gasto.
En un intento previo por demostrar su voluntad de cumplimiento, el Gobierno había presentado en junio un acuerdo alcanzado el día 10 de ese mes. Dicho acta fue firmada entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector. El acuerdo contemplaba un incremento de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento y refuerzos presupuestarios destinados a becas y hospitales universitarios.
Basándose en estas mejoras, la Nación había solicitado el levantamiento de la cautelar, alegando que las circunstancias habían cambiado. Sin embargo, el 1 de septiembre, el juez Cormick desestimó este pedido, considerando que no se había probado una solución definitiva frente al deterioro salarial ni a los reclamos sostenidos por las casas de altos estudios.
En el ámbito gremial, la situación se ha vuelto más compleja. El diálogo entre las partes se estancó el 17 de septiembre, fecha de un encuentro donde el Ejecutivo ofreció un incremento extra del 3% para los sueldos, advirtiendo que lo otorgaría de manera unilateral si no se lograba un acuerdo. Los sindicatos rechazaron tajantemente esta propuesta, evidenciando una brecha significativa respecto a los cálculos del oficialismo sobre la recomposición salarial adeudada.
Paralelamente al conflicto judicial, existe un canal de negociación política. De cara al próximo debate parlamentario, la Casa Rosada ha manifestado su apertura para revisar las partidas destinadas a la educación superior en el proyecto de Presupuesto 2027, buscando acercar posiciones con los rectores y los bloques legislativos aliados.
