La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una sentencia que condena a la cúpula de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo a Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a su movilidad. Esta decisión judicial surge como respuesta a la responsabilidad de los exguerrilleros en más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado. Bajo el marco legal de este tribunal, las penas tradicionales de cárcel son sustituidas por labores comunitarias y acciones orientadas a la reparación.
Sin embargo, esta resolución ha provocado una reacción contundente por parte de las organizaciones de víctimas, quienes consideran que las sanciones impuestas no guardan ninguna proporción con la gravedad de los crímenes cometidos. Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL), calificó las sentencias como "simbólicas y vergonzosas", asegurando que representan una burla para quienes sufrieron el impacto del conflicto. Según Alzate, las medidas adoptadas por la JEP no aportan una reparación real a las víctimas y carecen de un sentido de justicia proporcional.
La crítica de la FEVCOL se centra específicamente en la naturaleza de los trabajos restaurativos. El secretario general detalló que, aunque la condición para acceder a estos beneficios era la entrega de información sobre los desaparecidos, las actividades asignadas son insuficientes. Como ejemplo de esta desproporción, Alzate mencionó que la construcción de un sanitario ha sido equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, señaló que la realización de caravanas por la paz también ha sido contabilizada para descontar otros tres o cuatro meses de la condena.
Desde la perspectiva de la FEVCOL, el modelo restaurativo implementado ha sido un fracaso total. En este contexto, el representante de las víctimas recordó las advertencias previas del expresidente Juan Manuel Santos, quien en su momento habló sobre los "sapos" que los ciudadanos tendrían que aceptar como parte del precio para lograr la desmovilización de miles de guerrilleros y alcanzar la paz. No obstante, Alzate sostiene que lo que se está viviendo actualmente no son sacrificios necesarios para la paz, sino incumplimientos flagrantes de los acuerdos.
Uno de los puntos más críticos señalados es el incumplimiento en la entrega de bienes y activos. De acuerdo con la información suministrada por Alzate, la cúpula de las FARC se comprometió a entregar 13 billones de pesos en bienes, pero en la realidad solo han entregado el 10% de dicha cifra. En cuanto a los bienes inmuebles, el compromiso era la entrega de 255 propiedades, de las cuales solo se ha hecho entrega de una. Para la Federación de Víctimas del Terrorismo, estas cifras demuestran la ineficacia del modelo y el desprecio por los compromisos adquiridos en los acuerdos de La Habana.
Además, la FEVCOL advierte que, lejos de generar una estabilidad duradera, desde la firma de los acuerdos de paz hasta la actualidad se han registrado más casos de reclutamiento y un incremento en la violencia. Esta situación refuerza la tesis de que el modelo restaurativo no ha sido eficaz en la pacificación del territorio ni en la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Finalmente, el secretario general de la FEVCOL lanzó fuertes críticas contra la estructura administrativa de la JEP, afirmando que el tribunal se ha transformado en un "partido político" priorizando los cargos burocráticos sobre la eficacia judicial. Alzate denunció un uso cuestionable del erario público, señalando que se han destinado 44.000 millones de pesos para la defensa jurídica de las FARC y otros 22.000 millones de pesos en conceptos de viajes. Ante este panorama, la organización solicita la suspensión inmediata de estos recursos públicos hasta que se exija la entrega total de los bienes comprometidos o se proceda a la expulsión del secretariado de las FARC por el incumplimiento en la búsqueda de desaparecidos y la entrega de activos.
