El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha ordenado el restablecimiento inmediato del orden público en la ciudad de Santa Marta y sus zonas aledañas. Esta decisión surge como respuesta directa a la implementación de un paro armado ejecutado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura ilegal que ha puesto en jaque la tranquilidad de la región Caribe.
El detonante de estas acciones criminales sería una operación coordinada previamente por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, la cual estuvo dirigida contra los mandos principales de dicha organización. Según los reportes oficiales, el saldo de dicha operación fue la muerte de siete integrantes del grupo ilegal, entre los que se encontraba alias Cholo. Este sujeto estaba identificado por las autoridades como el segundo cabecilla de la estructura y presunto responsable de la gestión de las finanzas del grupo en el área del Caribe colombiano.
La retaliación de las Autodefensas Conquistadoras se manifestó a través de una serie de actos terroristas que generaron horas de pánico entre la población civil. Habitantes de diversos barrios de Santa Marta reportaron la circulación de personas encapuchadas, quienes obligaron a los ciudadanos a cesar todas sus actividades cotidianas y forzaron el cierre total de los establecimientos comerciales. El caos se intensificó con la ocurrencia de desmanes y la quema de vehículos, situaciones que llevaron al Gobierno nacional a disponer la militarización inmediata de la zona.
Ante la gravedad de los hechos, el mandatario Abelardo De La Espriella tomó medidas drásticas, comenzando por la suspensión de su agenda de trabajo programada en la ciudad de Barranquilla. El jefe de Estado se trasladó de urgencia a la capital del Magdalena para monitorear la situación personalmente y liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de tomar decisiones contundentes frente a la crisis.
A su llegada a Santa Marta, el presidente adoptó una postura de confrontación directa contra los grupos criminales. Equipado con un chaleco antibalas y portando una pistola al cinto, el mandatario salió a recorrer las calles de la ciudad en compañía de efectivos de la Policía Nacional y el Ejército. Durante este despliegue, el presidente visitó sectores críticos, como el barrio Cristo Rey, donde patrulló junto a la Fuerza Pública para brindar seguridad a los residentes.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente De La Espriella envió un mensaje tajante a las estructuras criminales, específicamente a los grupos denominados los Pachenca, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y los narcoterroristas del Clan del Golfo. En sus declaraciones, el mandatario fue enfático al asegurar: “Los vamos a cazar como ratas miserables”. Asimismo, subrayó que el Estado colombiano empleará toda su fuerza y capacidad legítima para neutralizar el accionar de estos grupos, advirtiendo que “el Estado no se arrodilla ante los criminales”.
El primer mandatario garantizó a los habitantes de Santa Marta y a todo el país que la ofensiva de la Fuerza Pública continuará en marcha con el objetivo primordial de recuperar el control territorial y proteger a la ciudadanía. De La Espriella aseguró que irán tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas para llevar a los responsables ante la justicia. En un tono severo, añadió que aquellos que crean que pueden doblegar al Gobierno y al pueblo colombiano están equivocados y “van a saber lo duro que muerde el tigre”.
La estrategia del Gobierno se centra ahora en blindar la región y recuperar plenamente el dominio del territorio. La instrucción dada a la Fuerza Pública es clara: emplear todas las capacidades disponibles contra quienes persistan en la criminalidad y no ceder ante ninguna amenaza.
Estas medidas han encontrado eco y respaldo en diversos sectores políticos. Efraín Cepeda, representante del Partido Conservador, manifestó su total apoyo a las decisiones tomadas por el presidente Abelardo De La Espriella, asegurando que los bandidos de las Autodefensas de la Sierra Nevada no pasarán sobre el actual Gobierno. Con la militarización en curso y el despliegue presidencial en las calles, el Estado busca restablecer la normalidad en el Magdalena y enviar un mensaje de autoridad frente al narcoterrorismo.
