El almirante Rafael Ojeda Durán, quien ha alcanzado los niveles más altos de responsabilidad y mando dentro de la Secretaría de Marina, ha hecho pública su declaración patrimonial correspondiente al año 2026. De acuerdo con el documento presentado este viernes, el funcionario no reporta la propiedad de un solo inmueble a su nombre, a pesar de su trayectoria profesional y los ingresos acumulados durante las últimas dos décadas.
Según la información contenida en sus declaraciones patrimoniales públicas, Ojeda Durán ha percibido ingresos que ascienden a un mínimo de 17.4 millones de pesos en los últimos 20 años. No obstante, en el balance actual de sus activos, el secretario de Marina únicamente hace constar la propiedad de una camioneta y la existencia de deudas derivadas de dos créditos hipotecarios.
A pesar de la ausencia de propiedades en su declaración oficial, investigaciones realizadas por Latinus han documentado un historial de compra y venta de inmuebles efectuados en conjunto con su esposa, Sandra Luz Laguna Rivera. Estas operaciones sugieren una gestión patrimonial que no ha sido transparentada plenamente por el funcionario en sus reportes oficiales.
Uno de los hallazgos más destacados ocurrió en 2025, cuando se reveló que Ojeda Durán y su esposa poseen una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos. Esta propiedad, situada junto a un campo de golf, fue adquirida en el año 2020 con un precio de compra de 7 millones 250 mil pesos. Para la adquisición de esta vivienda, conocida como “la casa del ancla”, el almirante solicitó dos créditos: uno al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por 1.8 millones de pesos y otro al Banco Nacional del Ejército por 4.5 millones de pesos, según datos del registro público morelense.
Además de la vivienda, se ha identificado un terreno colindante a la propiedad, con dimensiones similares a la casa, cuyo valor comercial estaba estimado en 20 millones de pesos para el año 2025.
La trayectoria inmobiliaria del funcionario también incluye operaciones en el estado de Sonora. En marzo de 2019, pocos meses antes de ser nombrado secretario de la Marina en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Ojeda Durán y Sandra Luz Laguna Rivera vendieron dos propiedades situadas en el municipio de Guaymas. Dichos inmuebles, con superficies de 326 y 324 metros cuadrados, fueron adquiridos por su sobrino, Fernando Farías Laguna. Esta revelación coincidió con el año en que se dio a conocer la existencia de una red de huachicol encabezada por sobrinos del almirante desde la propia Secretaría de Marina.
En la Ciudad de México, los registros muestran que en el año 2002, Ojeda Durán y su esposa compraron un departamento de 120 metros cuadrados en la alcaldía Álvaro Obregón por un monto de un millón 150 mil pesos, operación realizada mediante un crédito hipotecario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México.
Posteriormente, en julio de 2013, mientras el almirante se desempeñaba como comandante de la Octava Región Naval, su hija adquirió un departamento en la colonia Juárez por un valor de 900 mil pesos. En los términos de dicha adquisición, el usufructo del inmueble quedó establecido en beneficio de Sandra Luz Laguna.
Asimismo, en 2016, mientras Ojeda Durán ejercía como comandante de la Marina y Sandra Luz Laguna Rivera se desempeñaba como ama de casa, ella adquirió una finca de 191 metros cuadrados en el Fraccionamiento Club de Golf México, ubicado en San Pedro Mártir, Tlalpan. El precio de compra de esta propiedad fue de 5 millones 300 mil pesos, según antecedentes del Registro Público de la Ciudad de México.
Finalmente, el historial de transparencia del funcionario presenta vacíos significativos. Entre 2010 y 2017, periodo en el cual fue subdirector del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas en la Oficialía Mayor de la Marina y posteriormente asumió el cargo de comandante, Rafael Ojeda Durán no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Cabe señalar que, bajo el marco legal vigente, los funcionarios públicos no están obligados a revelar los bienes que comparten con sus cónyuges ni aquellos pertenecientes a sus familiares directos.
