El Gobierno de Venezuela ha procedido al desbloqueo de diversos portales web pertenecientes a medios de comunicación que habían permanecido censurados durante años. La noticia fue difundida por el regulador de las telecomunicaciones del país, coincidiendo temporalmente con el inicio de la segunda ronda de diálogos entre el Gobierno interino y la oposición, quienes buscan avanzar hacia una transición política. Este proceso de diálogo, que cuenta con la presidencia de Estados Unidos, tiene entre sus ejes fundamentales el abordaje de la libertad de expresión.
A pesar de esta medida, la situación se describe como una apertura parcial. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha habilitado el acceso a al menos 10 portales de internet que se encontraban censurados. Sin embargo, este avance es contrastado por los datos de la ONG VE Sin Filtro, la cual reporta que la censura persiste para una gran cantidad de sitios. Según la organización, todavía existen casi 200 sitios web bloqueados en el territorio nacional, de los cuales aproximadamente 80 corresponden a medios de comunicación.
Sobre la naturaleza de estas restricciones, Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, ha señalado que las medidas represivas contra la libertad de prensa no son recientes. Correa explica que el bloqueo de portales y sitios web en Venezuela es una práctica que se ha extendido por más de 15 años. El experto destaca que, durante todo este tiempo, no ha existido información oficial sobre la lista de los portales afectados ni se han proporcionado las razones técnicas o legales que justifiquen dichos bloqueos, basándose la censura en diversas suposiciones pero nunca en transparencia administrativa.
La falta de justificaciones oficiales ha sido una constante, tanto por parte de las autoridades como de las empresas tecnológicas involucradas. No obstante, César Batiz, director y cofundador del medio El Pitazo, uno de los portales recientemente desbloqueados, vincula directamente la censura con la naturaleza de la información publicada. Batiz relata que el primer bloqueo contra su medio ocurrió el 17 de septiembre de 2017, inmediatamente después de que publicaran un reportaje revelando que los primos de Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, poseían propiedades en Francia y España, actuando presuntamente como testaferros del funcionario.
En aquel episodio, la restricción fue ejecutada por las empresas Digitel, de carácter privado, y Movilnet, empresa del Estado. La estrategia de censura fue persistente; El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web diferentes para intentar evadir el bloqueo, pero todos fueron clausurados. Según explica Batiz, el mecanismo consiste en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emite órdenes a las empresas tecnológicas para impedir que los usuarios ingresen a dominios específicos. El objetivo de esta acción, según el director, es reducir la audiencia de los medios, limitando su capacidad de intervenir en la opinión pública y dificultando la difusión de hechos graves relacionados con la violación de derechos humanos y la corrupción.
La recepción de este desbloqueo por parte de los medios de comunicación se describe como una "alegría tensa". Esta cautela se debe a que no existen garantías reales de que el Gobierno haya desistido definitivamente de estas prácticas, ya que la estructura legal que sustenta la represión digital permanece intacta. El marco jurídico permite que estas acciones continúen bajo la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Dicha normativa otorga a Conatel la facultad de actuar de manera unilateral respecto a los contenidos.
Además de la ley mencionada, los periodistas alertan sobre la vigencia de la denominada Ley contra el odio. Esta legislación es particularmente preocupante, ya que establece sanciones para los delitos de opinión asociados al odio que resultan ser más severas, en términos de pena privativa de libertad, que las sanciones aplicadas a un homicidio. Para los gremios de prensa, es indispensable modificar estas leyes o desmantelar la arquitectura legal actual para que la libertad de expresión sea efectiva y permanente.
A pesar del entorno de incertidumbre y la persistencia de leyes restrictivas, el sector periodístico mantiene su postura. Los profesionales de la información han sido claros en su determinación de continuar informando, denunciando los actos de corrupción y defendiendo los derechos de los ciudadanos venezolanos, comprometiéndose a resistir las presiones tal como lo han hecho hasta el momento.
