El Gobierno nacional y los gremios de docentes universitarios finalizaron la jornada de paritarias de este jueves sin alcanzar un acuerdo salarial. El Poder Ejecutivo mantuvo una oferta de incremento del 3%, la cual fue rechazada tajantemente por las organizaciones sindicales. A pesar de la falta de consenso, el Gobierno anticipó que aplicará la suba de manera unilateral, sosteniendo que este porcentaje permite dar cumplimiento a la cautelar vigente relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La reunión, que comenzó a las 11 horas, tenía como objetivo retomar las negociaciones que habían quedado suspendidas en un cuarto intermedio el pasado 1 de septiembre. Tanto fuentes oficiales como sindicales confirmaron que durante el encuentro no se presentó ninguna propuesta adicional que modificara el 3% que ya se encontraba sobre la mesa. Ante la rigidez de la oferta oficial, los gremios ya anticipan el inicio de un esquema de paros continuos y la organización de una marcha federal universitaria, prevista para mediados de octubre.
Desde la administración nacional aseguraron que el incremento salarial se otorgará independientemente de que exista un acuerdo paritario. La estrategia oficial consiste en aplicar la suba y argumentar ante la Justicia que, al sumar este monto al incremento acumulado, se está cumpliendo con las exigencias judiciales vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta postura fue transmitida formalmente durante la reunión por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Para respaldar su posición, el Gobierno tomó como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que representó una recomposición del 35%. Al sumar el 3% ofrecido actualmente, el Ejecutivo argumenta que ha cumplido con las actualizaciones salariales exigidas por la ley y la justicia. Sin embargo, los gremios rechazan categóricamente este cálculo. Las organizaciones universitarias sostienen que el conflicto no debe resolverse mediante la fijación de porcentajes aislados, sino a través de la aplicación efectiva del mecanismo previsto en la normativa legal.
Según la interpretación sindical, los salarios deben ser recompuestos hasta recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían en diciembre de 2023. Bajo esta metodología de cálculo, los sindicatos estiman que todavía resta aproximadamente un 23% de recomposición para alcanzar dicho punto de comparación. En un análisis más amplio, las organizaciones calculan que la actualización pendiente, según la Ley de Financiamiento, podría acercarse al 35%, dependiendo de las variables y los períodos que se incorporen en la ecuación.
La disputa también posee una dimensión judicial relevante. Los gremios remarcan que fue el propio Gobierno quien presentó ante la Justicia la paritaria del 10 de junio como evidencia de que estaba avanzando en el cumplimiento de la ley, sumándole ahora el 3% para completar esa secuencia, lo cual consideran insuficiente.
La tensión salarial se extendió también al sector no docente. A las 15 horas estaba convocada la paritaria de los trabajadores no docentes, para quienes el Ejecutivo anticipó que mantendrá la misma oferta del 3%. Desde el Gobierno admitieron que no esperan alcanzar un acuerdo en esta instancia tampoco. Durante la mañana, el clima de la reunión estuvo marcado por cruces verbales; mientras el Ejecutivo cuestionó las protestas universitarias, los gremios advirtieron que profundizarán las medidas de fuerza si la propuesta no es modificada.
Paralelamente, esta negociación coincide con el debate del Presupuesto 2027. Aunque el Gobierno aclara que el 3% actual corresponde a la paritaria y no a las partidas presupuestarias del próximo año, ambos conflictos se superponen. El proyecto enviado al Congreso prevé $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. No obstante, el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que el sistema requerirá cerca de $11 billones para 2027, dejando una diferencia de $3,65 billones.
Los rectores sostienen que, incluso limitándose al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la partida debería situarse en torno a los $9,8 billones antes de sumar otras actualizaciones. Por su parte, el Gobierno rechaza que el presupuesto implique un recorte nominal. Desde Capital Humano señalan que el crédito aprobado para universidades en 2026 fue de $4,785 billones y que las transferencias estimadas para este año alcanzarían los $6,094 billones, lo que representa una suba nominal del 27,35%.
Para 2027, los $7,349 billones proyectados implicarían, según el cálculo oficial, un incremento nominal del 20,6% respecto a las transferencias estimadas de 2026 y del 53,58% frente al crédito aprobado originalmente para este año. Los gremios y las universidades cuestionan estas comparaciones, ya que no incorporan la inflación ni la pérdida salarial acumulada. La jornada concluyó así con dos interpretaciones enfrentadas: un Gobierno que aplicará el 3% alegando cumplimiento judicial y unos gremios que exigen recuperar la pérdida salarial hasta diciembre de 2023.
