El exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre, presentó una propuesta integral para reformar la estructura de seguridad y la organización administrativa del conurbano bonaerense. El plan contempla dos ejes centrales: la creación de una “Policía Militar del conurbano” y la federalización de los municipios que integran el Gran Buenos Aires, con el objetivo de separarlos de la jurisdicción del gobierno de la provincia de Buenos Aires, actualmente liderado por Axel Kicillof.
La propuesta de seguridad se centra en la conformación de una fuerza federal permanente con régimen y formación militar, diseñada específicamente para operar en el territorio del conurbano. Según explicó De la Torre, esta nueva entidad tendría como misión principal el combate de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y la ejecución de operaciones tácticas. El exfuncionario enfatizó que esta medida busca terminar con la práctica de recurrir al “Ejército prestado” o a la “Gendarmería prestada”, soluciones que, a su criterio, es lo que el sistema político actual implementa para intervenir en las zonas más conflictivas del país.
En cuanto a la operatividad de esta Policía Militar, De la Torre sugirió que su formación se lleve a cabo en Campo de Mayo, aprovechando que es la guarnición más grande de Argentina y se encuentra ubicada en el centro del territorio que deberá custodiar. La creación de esta fuerza se realizaría a través de la Gendarmería y el Ejército, integrando además a miembros de la actual Policía Bonaerense. El exsenador provincial aclaró que esta implementación se podría lograr mediante leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional.
Respecto a la convivencia con las fuerzas existentes, De la Torre sostuvo que esta Policía Militar no sería incompatible con las policías locales creadas por diversos intendentes. Según su planteo, la nueva fuerza federal se encargaría de los delitos complejos, mientras que las policías municipales continuarían a cargo de los intendentes, enfocándose en el patrullaje y la prevención. El exintendente destacó que las policías municipales ya han demostrado resultados positivos en la reducción del delito, por lo que consideró que solo requieren de mayores recursos para optimizar su funcionamiento.
Paralelamente, el plan de seguridad está intrínsecamente ligado a una propuesta político-administrativa: la federalización del conurbano. De la Torre propone que el conurbano sea escindido de la provincia de Buenos Aires para que cada municipio se convierta en un distrito federal que dependa directamente del Gobierno Nacional. De esta manera, la seguridad de estos distritos dependería de la Nación y no del gobernador provincial ni de los intendentes.
El fundamento de esta medida es la inviabilidad de que un solo gobernador gestione la seguridad de una zona tan vasta y compleja. De la Torre cuestionó la capacidad de gestión del gobernador actual, señalando que es imposible que este tenga conocimiento detallado de lo que ocurre en comisarías específicas de los municipios. Asimismo, criticó el desempeño de la Policía Bonaerense, afirmando que, aunque el personal se duplicó desde el año 2010, el delito no ha disminuido, conclusion que, según sus palabras, "no resiste análisis". Por ello, manifestó que es necesario "hacer explotar este sistema" y cambiarlo por completo.
En términos geográficos y demográficos, el plan propone la creación de 24 distritos federales basados en los municipios históricos del Gran Buenos Aires. A estos se sumarían Pilar, Escobar y General Rodríguez, alcanzando un total de 27 municipios. De la Torre también mencionó la posibilidad de incorporar a Marcos Paz, permitiendo que la Ruta Provincial 6 funcione como un límite divisorio, similar a la Avenida General Paz que separa la Ciudad de Buenos Aires del GBA.
Sobre la organización política de este nuevo esquema, aclaró que no se trataría de una sola región, sino de distritos federales independientes donde los vecinos elegirían a sus propios intendentes, sin la figura de un gobernador regional. Esta estructura buscaría evitar que gobernadores e intendentes de otras provincias se opongan al proyecto por temor a la creación de una región excesivamente poderosa.
Finalmente, el análisis del impacto económico y demográfico sugiere que, de concretarse esta federalización, la provincia de Buenos Aires quedaría con una población y una economía comparables a las de Córdoba o Santa Fe. Además, De la Torre sostiene que este esquema resolvería el histórico déficit de la coparticipación que afecta a la provincia.
