En una reciente intervención pública, el presidente Abelardo De La Espriella dedicó una parte significativa de su discurso a tratar un asunto que calificó como extremadamente delicado: el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales. El mandatario hizo una pausa deliberada en su alocución para subrayar que este fenómeno exige un manejo con especial cuidado y una atención prioritaria por parte del Estado.
Durante su exposición, el presidente fue enfático al definir la situación jurídica y humana de los niños y adolescentes que son captados por estos grupos. De La Espriella dejó claro que cualquier menor reclutado y utilizado por organizaciones criminales debe ser considerado, sin excepción, como una víctima y un secuestrado. En consecuencia, sostuvo que el Estado tiene frente a estos menores una obligación reforzada de protección, la cual debe prevalecer en cualquier escenario.
En cuanto a la operatividad de las Fuerzas Públicas, el mandatario señaló que la protección de la infancia debe ser el eje central de cualquier misión. Al respecto, afirmó que la fuerza pública tiene la responsabilidad de actuar basándose en la inteligencia, la precisión, la precaución y un respeto estricto por los principios de distinción y proporcionalidad. Para el presidente, estas pautas son esenciales para garantizar que las acciones estatales se ejecuten correctamente sin vulnerar los derechos de los menores.
No obstante, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió sobre un riesgo estratégico que podría surgir si las organizaciones criminales utilizan la protección de los niños como una herramienta táctica. El mandatario fue tajante al señalar que la protección otorgada a las víctimas no puede transformarse en una ventaja operacional para quienes cometen los delitos. En sus palabras, "los que cometen el delito son esos bandidos", subrayando que el enfoque protector hacia los niños no debe servir para blindar a los perpetradores.
El jefe de Estado profundizó en el peligro de crear lo que denominó un "incentivo perverso". De La Espriella argumentó que no se puede permitir que los cabecillas de grupos criminales concluyan que la presencia de menores en sus campamentos les garantiza inmunidad frente a las acciones del Estado. Según el presidente, si el Estado se paralizara ante la presencia de niños, estaría premiando precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario al reclutar menores de edad.
Para resolver esta tensión entre la protección de las víctimas y la lucha contra el crimen, el presidente planteó que la respuesta estatal no puede basarse en la imprudencia, pero tampoco en la parálisis. La solución propuesta por el Gobierno consiste en fortalecer la inteligencia, incrementar la precisión operacional y realizar una evaluación rigurosa de cada objetivo militar, manteniendo siempre la protección reforzada de los menores.
En otro punto de su intervención, el presidente extendió sus planteamientos a la lucha contra los cultivos ilícitos. De La Espriella se refirió a que cualquier decisión relacionada con la presión aérea o la fumigación deberá estar plenamente sustentada. Enfatizó que las medidas de este Gobierno deben contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumpliendo estrictamente con los procedimientos legales correspondientes.
Asimismo, el mandatario defendió las competencias del Poder Ejecutivo en estas materias y anunció que ya ha impartido instrucciones claras para fortalecer la defensa jurídica del Estado. Sobre la relación con el poder judicial, De La Espriella aclaró que no pretende convertir este proceso en una confrontación personal contra los jueces, sino que se trata de una discusión estrictamente institucional.
Finalmente, el presidente concluyó su discurso asegurando que el respeto a las decisiones judiciales y la garantía de la seguridad ciudadana no son objetivos incompatibles. De La Espriella sostuvo que el Estado colombiano tiene la capacidad y la obligación de avanzar simultáneamente en la protección de los derechos fundamentales y en el aseguramiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
