Una investigación periodística ha puesto al descubierto detalles críticos sobre el manejo de los expedientes relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A través de un proceso de reconstrucción, se han rescatado seis horas de material inédito del expediente que, según el reporte, la Fiscalía General de la Nación decidió no investigar de manera deliberada. Este hallazgo revela la existencia de comunicaciones directas que conectan a figuras clave del escándalo con el poder judicial.
Los elementos probatorios reconstruidos consisten en chats que vinculan a Sneyder Pinilla y a Olmedo López con un magistrado de la Corte Constitucional. El núcleo de la controversia radica en la omisión procesal de la Fiscalía, ya que se cuestiona por qué no se realizó la compulsa de copias necesaria para que estas evidencias fueran evaluadas por las autoridades competentes. La exclusión de este capítulo específico de la investigación oficial plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso judicial en curso.
Para comprender el contexto de estas revelaciones, es necesario remontarse al 9 de enero de 2024. En esa fecha, el gobierno del presidente Gustavo Petro se encontraba gestionando dos situaciones críticas de manera simultánea. La primera era una crisis de orden público localizada en la zona fronteriza con Ecuador, mientras que la segunda era la amenaza inminente de perder a la ciudad de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos.
Mientras la atención del Ejecutivo y de la opinión pública estaba centrada en estas crisis gubernamentales, se desarrollaban actividades paralelas en el seno de la UNGRD. Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como funcionario, envió un mensaje de texto a su pareja justo antes de despegar en un vuelo. En dicha comunicación, Pinilla fue explícito al escribir: “tengo que ir a entregar $”. Este mensaje sugiere la coordinación de movimientos financieros en un momento de alta tensión política para el país.
En aquel periodo, tanto Sneyder Pinilla como su superior jerárquico, Olmedo López, operaban en un entorno de relativa tranquilidad. Esta calma estaba sustentada en el anonimato que gozaban, lo que les permitía ejecutar sus actividades sin el escrutinio de los medios de comunicación o de los entes de control. Bajo este manto de invisibilidad, Pinilla y López habían logrado sellar un lucrativo contrato relacionado con la adquisición de carrotanques.
En ese momento, los nombres de estos funcionarios aún no figuraban en los titulares de la prensa nacional, y el público desconocía la magnitud de lo que posteriormente se describiría como el saqueo de la UNGRD. El contrato de los carrotanques representa uno de los puntos clave de la operación financiera que ahora sale a la luz a través de la reconstrucción de los archivos ignorados por la Fiscalía.
La revelación de estos chats pone de manifiesto una red de conexiones que trasciende la administración pública y alcanza las altas esferas de la justicia, específicamente la Corte Constitucional. La decisión de la Fiscalía de excluir este segmento de la investigación ha sido el punto focal de la denuncia periodística, subrayando la importancia de analizar por qué se omitieron pruebas que vinculan a los implicados con un magistrado.
La historia reconstruida evidencia que, mientras el Estado intentaba resolver conflictos fronterizos y deportivos, se gestaban transacciones económicas irregulares coordinadas por funcionarios de la UNGRD. La combinación de la libertad que otorga el anonimato y la aparente omisión de la Fiscalía permitió que este capítulo de la trama permaneciera oculto hasta el momento de esta publicación.
