El Gobierno ingresó formalmente un paquete de indicaciones al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades en el Congreso Nacional. Esta medida adecúa los aspectos centrales de la iniciativa que fue presentada originalmente por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública. Las nuevas enmiendas gubernamentales dividen el catálogo en dos nóminas diferenciadas: por un lado, el Registro Nacional de Actos Vandálicos, el cual queda reservado exclusivamente para delitos penales graves; por otro lado, el Registro Nacional de Incivilidades, orientado de manera específica a infracciones y faltas menores.
Dentro de las modificaciones más destacadas, la reestructuración suprime de forma definitiva la pérdida de subsidios habitacionales y de la Pensión Garantizada Universal (PGU) como castigo administrativo para los infractores de ambos registros. Con esto, las autoridades buscan garantizar que las consecuencias legales derivadas de estas faltas no afecten de manera directa el bienestar del grupo familiar del sancionado.
En lo que respecta al financiamiento estudiantil, las indicaciones delimitaron la pérdida de la gratuidad universitaria exclusivamente a aquellos individuos que resulten condenados en el Registro de Vándalos. De esta manera, se descarta por completo su aplicación dentro del padrón de incivilidades. Esta modificación específica recoge los alcances del fallo emitido por el Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de Escuelas Protegidas, sentencia que en su momento declaró inaplicable la privación de beneficios formativos por generar diferencias arbitrarias basadas en la capacidad económica de las personas.
Ante este escenario, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el rediseño institucional y la proporcionalidad del mecanismo sancionatorio impulsado por el Ejecutivo. La autoridad señaló textualmente que “se acogieron observaciones técnicas y se eliminaron consecuencias demasiado amplias, manteniendo una respuesta judicial firme frente a actos que comprometen el orden público”.
El nuevo articulado también otorga a los magistrados la atribución de definir las sanciones individuales y regular de forma precisa la permanencia en los registros. Para ello, se establecen plazos de inscripción que fluctuarán entre uno y cinco años para los adultos, mientras que para los infractores menores de edad estos periodos irán de seis meses a dos años. Asimismo, el texto incorpora la opción de conmutar el ingreso al registro mediante la realización de trabajos comunitarios, permitiendo además invocar exclusiones en caso de que la medida perjudique la obtención de sustento laboral del infractor.
Pese a los ajustes introducidos por La Moneda, desde la oposición surgieron voces críticas que cuestionaron la insistencia legislativa en la materia. En este sentido, el diputado Jaime Araya acusó que las nuevas indicaciones reescriben un proyecto que, a su juicio, carece de viabilidad, al tiempo que criticó la supuesta falta de foco respecto a las urgencias prioritarias en materia de seguridad ciudadana.
En paralelo a la discusión legislativa sobre este registro, la agenda de seguridad y contingencia nacional contempló otros hechos de relevancia informados durante la jornada. Un informe conjunto elaborado por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía Nacional y las policías reveló una disminución del 11,5% en los delitos de homicidio consumado durante los últimos periodos evaluados.
Por otra parte, a la salida de un conversatorio realizado en el Centro Cultural La Moneda, la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, defendió su gestión ante la opinión pública y descartó haber incurrido en diversas imputaciones sobre su desempeño anterior.
En materia de conectividad y fronteras, la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile informó oficialmente la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor, el cual había permanecido cerrado desde el pasado martes debido a condiciones climáticas y operativas en la zona cordillerana.
Finalmente, en el ámbito parlamentario, el diputado de Renovación Nacional por la Región de Valparaíso, Andrés Celis, comunicó a la opinión pública que se someterá a un procedimiento de trasplante de médula ósea como parte del tratamiento médico indicado para tratar una condición de mielodisplasia.
