En el marco de la conmemoración del primer aniversario de la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación, derivada del proceso de elección por voto popular, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó un balance sobre el estado actual de la institución. Durante su primer informe de labores, el ministro presidente fue enfático al señalar que la administración anterior dejó una Corte lenta, anquilosada y ensimismada, la cual se encontraba distante de la mirada del pueblo y carecía de mecanismos efectivos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
El evento contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de diversos diputados federales y senadores. En un mensaje que se extendió por 45 minutos, Aguilar Ortiz subrayó que el Poder Judicial de la Federación es actualmente un órgano autónomo que opera con el objetivo de entregar los resultados que la ciudadanía demanda. El ministro presidente hizo hincapié en que la institución no atiende encargos ni se deja influir por las coyunturas políticas del momento.
“Ninguna agenda ajena al texto Constitucional encuentra cabida en el poder judicial”, afirmó Aguilar Ortiz, asegurando que la obediencia de los juzgadores es estrictamente hacia la Constitución y que su compromiso primordial es con el pueblo de México. Según el ministro, el primer año de trabajo ha sido fundamental para despejar las dudas que surgieron en torno a la reforma judicial, demostrando que el sistema es funcional y eficiente.
El ministro presidente extendió una invitación a los sectores políticos, económicos y sociales del país para confiar en este nuevo Poder Judicial, describiéndolo como un ente que resuelve los asuntos con rigor y ofrece la certidumbre necesaria en un momento en que el país atraviesa un proceso de transformación. No obstante, Aguilar Ortiz mostró un sentido autocrítico al reconocer que la transformación profunda de la justicia no ocurre de manera inmediata. Admitió que no basta con la aprobación de nuevas reglas o la renovación de los integrantes, ya que aún persisten resistencias, actitudes y formas de impartir justicia que mantienen reminiscencias del pasado.
Ante este panorama, el titular de la SCJN convocó a todas las personas juzgadoras y al personal administrativo a sumarse a una nueva forma de entender la justicia. Asimismo, expresó su agradecimiento a los sindicatos del Poder Judicial por el compromiso asumido en esta tarea de transición. Destacó que cualquier cambio profundo requiere tiempo, especialmente para construir una conciencia renovada sobre la responsabilidad del servicio público frente a la sociedad.
En cuanto a la operatividad y eficiencia, el ministro presidente respondió a las críticas sobre la productividad del Pleno asegurando que no existe un rezago. Presentó datos estadísticos detallados para respaldar su afirmación: durante este primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, los cuales incluyen el rezago heredado de la integración anterior. De ese total, se resolvieron 13 mil 231 asuntos, de los cuales 2 mil 640 fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. Estas cifras representan una tasa de resolución del 88% de todo lo ingresado.
Aguilar Ortiz contrastó estas cifras con la situación previa, refiriendo que anteriormente la Corte no resolvía con celeridad y que las estadísticas se generaban únicamente para cumplir con la publicación de datos, sin reflejar la realidad de los asuntos. Denunció que la captura de datos se realizaba a mano, lo que implicaba un alto riesgo de error y la ausencia de un control único. En este sentido, anunció que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminará por completo el registro en libros para migrar totalmente a un sistema informático de captura de asuntos.
Finalmente, el ministro presidente defendió la independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes del Estado, aunque aclaró que dicha independencia no debe significar distanciamiento. Afirmó que la institución ha recuperado una visión humanista y sensibilidad en el acceso a la justicia, manteniendo puentes de diálogo y entendimiento con todos los sectores. Concluyó sosteniendo que el Estado de Derecho debe traducirse en justicia, dignidad y paz, objetivos que se logran mediante una coordinación adecuada con los demás poderes públicos.
