A poco más de cuatro meses de que se realice la convocatoria oficial para las elecciones generales de 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha documentado un total de 196 expedientes por presuntos actos de campaña electoral anticipada. Esta situación pone en riesgo la participación de diversos aspirantes, quienes podrían enfrentar la sanción de no ser inscritos para competir en el próximo proceso electoral.
Pablo Portocarrero, secretario en funciones de la institución, confirmó estos datos en una entrevista con Prensa Libre, señalando que la mayoría de estas investigaciones han sido iniciadas de oficio por el propio ente electoral. Según Portocarrero, aunque pueda parecer que aún falta tiempo para los comicios, el volumen de casos y expedientes por transgresiones a la ley electoral ha ido en aumento conforme transcurren los meses.
De los 196 expedientes abiertos, 140 fueron generados de oficio por el TSE, gracias al trabajo de la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación. Esta última unidad mantiene un monitoreo permanente de los diversos medios para detectar publicaciones o acciones que constituyan actos propios de campaña fuera del periodo permitido. Portocarrero subrayó que el monitoreo no es una navegación pasiva en redes sociales, sino que utiliza herramientas avanzadas, como la biblioteca de anuncios para verificar el pago de pautas publicitarias y el uso de palabras clave para filtrar contenido de proselitismo, promoción de imagen o difusión de programas de gobierno.
La dependencia estadística del TSE revela que el 95% de los expedientes, es decir 186 de los 196 casos, tienen su origen en plataformas digitales y contenido en redes sociales. El funcionario explicó que, si bien anteriormente el pago de pautas económicas (incluso montos bajos como 10 dólares) era el principal detonante, ahora también se investigan actividades que, bajo la apariencia de proselitismo, funcionan en realidad como reuniones políticas o "meetings".
El proceso administrativo para investigar estas faltas consta de varias etapas para asegurar el debido proceso. Primero, la Unidad Especializada emite un informe técnico que es remitido a la Inspección General para realizar la investigación de campo. En esta fase, la autoridad puede interrogar a terceros para determinar, por ejemplo, quién reservó o pagó un estadio municipal para una actividad. Posteriormente, se otorga un plazo para que los investigados presenten sus pruebas de descargo. Si la infracción se confirma, el caso pasa al Registro de Ciudadanos para una audiencia y una posible advertencia.
Respecto a las sanciones, Portocarrero recordó que el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es tajante: no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual para cargos de elección popular publicitando su imagen en medios de comunicación antes de la convocatoria oficial. Aunque actualmente no se apliquen multas, toda la documentación recopilada será fundamental para la decisión final del Registrador de Ciudadanos durante la fase de inscripción de candidaturas. Una vez iniciado el periodo electoral formal, las sanciones cambiarán a multas económicas tanto para el individuo como para la agrupación política.
El monitoreo del TSE ha identificado a tres personas con el mayor número de posibles prácticas de campaña anticipada en 2026. En primer lugar se encuentra Johnny Josué Ayala Montenegro, conocido como “el Johnny”, quien ha buscado ser diputado en 2019 y 2023 sin éxito. Le sigue Roberto Arzú García-Granados, precandidato presidencial por el partido Cabal, quien ya había enfrentado el rechazo de su inscripción en 2023 por señalamientos similares. En tercer lugar se ubica el diputado Julio César Portillo Paz, representante de Zacapa por el partido Cabal.
Por otro lado, el secretario general del partido Visión con Valores (Viva), Armando Castillo, señaló que muchas de estas denuncias son interpuestas por adversarios políticos o son anónimas. Castillo mencionó el caso de Jorge Antonio Montufar, dirigente de su agrupación, quien fue denunciado por críticas al gobierno en redes sociales, acción que Castillo defiende como un ejercicio del derecho ciudadano y no como campaña anticipada. El representante de Viva cuestionó que el TSE abra expedientes basados en denuncias anónimas y solicitó mayor claridad sobre qué constituye exactamente una campaña anticipada.
En sintonía con estas dudas, Jahir Dabroy, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la norma electoral actual sigue siendo ambigua y subjetiva. Según Dabroy, esto genera el riesgo de interpretaciones restrictivas que podrían limitar la libertad de expresión y el debate público. Para el experto, el uso de redes sociales es un fenómeno natural para el contacto ciudadano y sugirió que la clave para regular sin censurar sería centrarse en criterios verificables, como el llamado explícito al voto.
