La administración del presidente Trump ha contratado a una nueva empresa para intervenir en la limpieza y el mantenimiento del Estanque Reflectante de Lincoln, prolongando una saga veraniega que se ha extendido durante meses. Esta nueva adjudicación añade costos adicionales y genera nuevas interrogantes sobre un proyecto de renovación que originalmente fue concebido como un escaparate para las celebraciones del 250 aniversario del país.
El Departamento del Interior, organismo encargado de supervisar las obras, ha otorgado un contrato por un valor de 2,7 millones de dólares a American Ag Energy. Esta compañía, con sede en Massachusetts, se especializa en tecnología de energías renovables y será la responsable de realizar las reparaciones y el mantenimiento de los sistemas de purificación de agua y alcantarillado de la piscina. De acuerdo con los detalles del contrato gubernamental y la información suministrada por el propietario de la firma, el acuerdo tiene una duración inicial de un año, aunque contempla la posibilidad de prorrogarse por cinco años más, lo que podría elevar el valor total del contrato hasta los 8,8 millones de dólares.
Hasta el momento, el Departamento del Interior ha mantenido silencio frente a las consultas realizadas por CNN sobre la naturaleza de este nuevo contrato y la manera en que se integrará con los trabajos que ya se han ejecutado en el monumento.
El CEO de American Ag Energy, Richard Rosen, explicó a CNN que tuvo conocimiento del problema de las algas a través de uno de los directores de su empresa y tras leer reportajes periodísticos sobre el estado del estanque. Rosen afirmó que se dio cuenta de que poseía la solución técnica para resolver el problema y destacó que el Servicio de Parques Nacionales (NPS) está intentando hacer lo correcto, asegurando que su intervención será de gran ayuda.
Sin embargo, la contratación de Rosen ha introducido un nuevo elemento de controversia al proyecto. El año pasado, Rosen fue declarado culpable de fraude electoral por haber votado dos veces en las elecciones de 2016, una vez en Massachusetts y otra en New Hampshire. Esta condena, que implicaba una posible pena de siete días de cárcel y la pérdida del derecho al voto en New Hampshire, fue anulada a principios de este año por la Corte Suprema estatal, la cual determinó que hubo fallos probatorios incorrectos por parte de un juez del Tribunal Superior. Actualmente, Rosen se encuentra en un proceso de mediación con la Fiscalía General de New Hampshire, ya que los cargos podrían volver a presentarse tras la remisión del caso al Tribunal Superior del Condado de Grafton.
Este episodio es solo una pieza más del drama que rodea la renovación de este emblemático monumento de Washington, operativo para el turismo desde la década de 1920. Una de las mayores preocupaciones ha sido la escalada de costos. Inicialmente, el presidente Trump estimó que las obras costarían entre 2 y 3 millones de dólares, cifra que posteriormente revisó a "menos de 20 millones". A fecha de este verano, sumando el contrato más reciente, el gasto ya ha superado los 14 millones de dólares.
El proyecto, impulsado por un decreto presidencial para convertir la capital en un lugar "seguro y hermoso", ha estado plagado de fallos técnicos desde su inicio. En mayo, tras una inspección presidencial en la piscina vacía, el fondo —anteriormente gris— fue revestido con una lona con los colores de la bandera de Estados Unidos. No obstante, al llenar la piscina, el agua se tiñó de verde debido a la proliferación de algas.
Para solucionar esto, la administración contrató a Greenwater Services, una firma de Ohio cuyo copropietario, JJ Cafaro, es un antiguo donante y partidario de Trump. Cafaro cuenta con un antecedente penal de 2001 por conspiración para sobornar al representante James Traficant Jr. Aunque los ejecutivos de Greenwater afirman que Cafaro no participa en las operaciones diarias, la empresa recibió 1,7 millones de dólares para aplicar tecnología de nanoburbujas de ozono. A pesar de ello, las algas persistieron y el material azul del fondo comenzó a desprenderse, incidente que el presidente atribuyó a actos de vandalismo.
La situación escaló legalmente cuando varias personas fueron arrestadas por dañar la piscina. Entre ellas destacaba el piragüista olímpico David Hearn, quien llegó a enfrentar una posible condena de hasta 10 años de prisión por destrucción de propiedad. No obstante, el Departamento de Justicia terminó retirando los cargos. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, calificó en un documento judicial la renovación realizada por el Departamento del Interior como "precipitada y chapucera".
Esta declaración provocó la reacción de Trump, quien criticó a Pirro a través de Truth Social, insistiendo en que el daño fue un "caso puro de vandalismo". Tras estas tensiones y la retirada de los cargos contra todos los acusados, la responsabilidad de eliminar las algas ha recaído ahora en la empresa de Richard Rosen, quien ya ha comenzado a inspeccionar las instalaciones con su equipo.
