Liderazgos de los sectores agropecuario, empresarial y del transporte se dieron cita este lunes en la sede del Comité pro Santa Cruz para participar en un directorio ampliado. El objetivo central de este encuentro es analizar y definir una postura conjunta frente al Decreto Supremo 5676, norma que establece un nuevo esquema de precios para el diésel y que ha generado un fuerte rechazo entre los actores productivos de la región.
Los representantes de los sectores afectados buscan que la institucionalidad cruceña asuma una posición firme frente a una normativa que califican como discriminatoria. Según los dirigentes, la implementación de este decreto no ha cumplido con los objetivos prometidos por el Gobierno Nacional, ya que no ha logrado resolver la escasez de combustible ni eliminar las prolongadas filas que persisten en los surtidores de la zona.
Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue uno de los primeros asistentes al encuentro. Durante sus declaraciones, Frerking fue enfático al señalar que el decreto lleva más de dos semanas en vigencia y que los resultados son inexistentes. Para el dirigente, la prueba más clara del fracaso de la medida es la continuidad de las colas y la falta de combustible disponible para los productores.
Frerking subrayó que la diferenciación de precios establecida en la norma afecta directamente al aparato productivo. En este sentido, reclamó la necesidad de implementar una solución estructural en lugar de medidas paliativas. El presidente de la CAO afirmó que, mientras persistan la corrupción y la diferenciación de precios, el decreto seguirá siendo percibido como una herramienta discriminatoria para todo el sector productivo.
Como alternativa para solucionar la crisis, la CAO ha planteado una serie de demandas concretas: la eliminación de los precios diferenciados, la garantía total del abastecimiento y, fundamentalmente, la apertura de la importación de combustibles a operadores privados. Según explica Frerking, permitir que empresarios, agroindustrias e industriales, ya sean bolivianos o extranjeros, puedan competir en el mercado es la única vía para asegurar que el diésel esté disponible de manera oportuna, permitiendo así que el sector agropecuario pueda planificar sus actividades sin la incertidumbre actual.
Respecto a la posibilidad de entablar nuevas conversaciones con el Ejecutivo, el dirigente de la CAO confirmó que los productores están dispuestos a asistir si el Gobierno concreta una convocatoria al diálogo. No obstante, condicionó la utilidad de dichos encuentros a que el Gobierno presente propuestas reales y capaces de solucionar la crisis actual. Frerking remarcó que el sector nunca ha cerrado la puerta al diálogo, pero que la situación de emergencia y la persistencia de las colas hacen insostenible continuar bajo el esquema actual.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, también participó en la reunión, manifestando una postura de escepticismo frente a la creación de nuevas mesas de trabajo. Si bien Melgar afirmó que el sector transporte es partidario de buscar soluciones mediante el diálogo, cuestionó la efectividad de instalar más mesas sin que se tomen decisiones concretas. El dirigente señaló que existe el temor de que estas reuniones sean una estrategia para "tirar la pelota un poquito más allá" y prolongar la agonía de un sector ya muy golpeado.
Melgar sostuvo que el transporte pesado requiere cambios estructurales profundos. Reconoció que es complejo resolver en un lapso de diez meses los problemas acumulados durante 28 años de subvenciones al combustible; sin embargo, criticó que el Gobierno no haya avanzado lo suficiente durante todo ese periodo previo. Asimismo, advirtió que el transporte es uno de los primeros eslabones afectados por la falta de diésel, recordando que su actividad es fundamental para la cadena de abastecimiento de alimentos que llega a toda la población.
El directorio ampliado del Comité pro Santa Cruz deberá ahora analizar detalladamente los planteamientos de estos sectores para definir la postura oficial de la institución frente al DS 5676. Esta reunión se produce en un contexto de creciente tensión, luego de que un congreso agropecuario realizado en Warnes exigiera la abrogación total de la norma y decidiera trasladar dicha demanda a las instancias institucionales de Santa Cruz.
Finalmente, la crisis del diésel coincide con el inicio del mes aniversario de Santa Cruz, marcando un clima de incertidumbre en la región. A pesar de que YPFB ha asegurado la existencia de 17 millones de litros de diésel en el departamento, la propia estatal ha reconocido que existen fallas en la distribución, lo que valida las denuncias de los sectores productivos sobre la ineficacia de la gestión actual.
