El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADP) ha emitido un fuerte pronunciamiento dirigido al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exigiéndole que realice una rectificación pública de diversas declaraciones vertidas en medios de comunicación. El malestar del gremio surge a raíz de las afirmaciones del funcionario en programas de radio y televisión, donde sostuvo que una eventual decisión de la presidenta de la República de disolver el Congreso elevaría de manera considerable su nivel de aprobación popular.
Según el comunicado emitido por el SITRADP, las declaraciones de Josué Gutiérrez son calificadas como "lamentables". El sindicato enfatiza que la opción de disolver el Congreso, tal como fue planteada en las entrevistas donde participaron cámaras congresales, no constituye una alternativa viable dentro del marco constitucional vigente. Para los trabajadores de la institución, basar una decisión de tal magnitud en los resultados de encuestas de popularidad, en lugar de analizar su licitud jurídica, representa un razonamiento peligroso. En el texto, el sindicato hace una analogía directa con los acontecimientos de 1992, señalando que ese mismo tipo de lógica fue la que costó la democracia al país en aquel entonces.
El SITRADP subraya que el cargo de Defensor del Pueblo conlleva una responsabilidad que trasciende la simple emisión de opiniones personales. El documento advierte que el funcionario no debe actuar como un analista político, sino como el garante de los derechos ciudadanos. En ese sentido, denuncian que, al sugerir que el cierre del Parlamento sería un "buen negocio político", la institución deja de cumplir su rol de contener los ánimos antidemocráticos y, por el contrario, comienza a alimentarlos.
Este pronunciamiento ha sido difundido en un momento simbólico, coincidiendo con los 30 años de creación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el comunicado no se limita a la crítica política, sino que aprovecha el espacio para denunciar una serie de problemáticas internas que afectarían la operatividad y el clima laboral de la entidad. Entre los reclamos principales se encuentra el presunto desmantelamiento de la línea técnica de la institución, así como el incumplimiento en el proceso de pase del personal contratado bajo el régimen CAS a plazas del régimen laboral 728. Asimismo, los trabajadores denuncian actos de hostilización dirigidos hacia los dirigentes sindicales.
Otro punto de fricción mencionado por el SITRADP es la organización de una celebración institucional prevista para realizarse en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El sindicato rechaza categóricamente la realización de este evento, argumentando que resulta improcedente celebrar en un contexto donde existen carencias materiales evidentes y obligaciones laborales que permanecen impagas.
Para evitar interpretaciones erróneas, el sindicato aclaró que sus críticas no están dirigidas contra la Defensoría del Pueblo como entidad, sino contra la gestión actual. El texto concluye afirmando que su objetivo es defender la institución, subrayando que no se debe confundir la entidad con quien la conduce circunstancialmente, ya que "la institución es de la ciudadanía".
Sobre el origen de la polémica, las declaraciones de Josué Gutiérrez se produjeron el pasado jueves 27 de agosto durante una entrevista en el medio Exitosa. En dicho espacio, Gutiérrez señaló que si la presidenta Keiko Fujimori decidiera disolver el Congreso, su popularidad podría subir "tranquilamente 20 o 30 puntos". El funcionario añadió que, aunque no alentaba tal acción, la situación actual del Estado es crítica y que, si bien el país crece por inercia, se requieren reformas estructurales para no repetir los mismos errores.
Esta postura generó una reacción inmediata en el ámbito político. Los partidos Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron su firme oposición a lo que definieron como "llamados golpistas". En el documento, estas organizaciones políticas señalaron que las palabras del defensor del Pueblo representan una amenaza directa al orden constitucional y vulneran el principio de separación de poderes.
