El Poder Ejecutivo remitió este viernes al Congreso de la República el pedido de facultades legislativas por un periodo de 120 días. Esta acción se produce luego de cinco postergaciones desde que la presidenta Keiko Fujimori anunciara la medida el pasado 28 de julio. El paquete solicitado es amplio y abarca sectores críticos que van desde la seguridad ciudadana hasta reformas en materia tributaria y ambiental. Entre las medidas propuestas destaca el apoyo de las Fuerzas Armadas en los penales y la implementación de un mecanismo de entrega directa de ayuda humanitaria para enfrentar los efectos del Fenómeno del Niño.
A pesar de la iniciativa gubernamental, el análisis de diversos especialistas consultados por La República revela una postura cautelosa. Un experto en finanzas, un politólogo, un abogado ambientalista y el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, coinciden en que, si bien el gobierno busca respaldo político, existen dudas significativas sobre la efectividad real de estas propuestas frente a problemáticas complejas como la criminalidad, la crisis climática y la protección de derechos ya establecidos.
En el ámbito económico, el Mag. Mario Vergara Silva, docente de posgrado de ESAN, centró su análisis en la Ley 31143, normativa de 2021 destinada a proteger a los consumidores de servicios financieros contra la usura. Según Vergara, dicha ley fue creada para mitigar el impacto económico de la pandemia y frenar abusos bancarios. Sin embargo, sostiene que, dado que el crecimiento económico se ha recuperado, no sería necesario mantener restricciones que vayan en contra de la economía de libre mercado, factor que, según el experto, ha permitido el incremento de inversiones extranjeras millonarias en el país.
Vergara argumentó que eliminar el tope a las tasas límites de interés permitiría que miles de peruanos accedan al crédito. Explicó que las entidades financieras ajustan las tasas según el perfil del cliente: mientras que alguien con buen historial crediticio obtendría préstamos inmediatos a bajas tasas, aquellos sin solvencia real o ingresos permanentes requerirían tasas más altas para cubrir el riesgo de incobrabilidad. Por otro lado, respecto a la protección de datos de menores de 12 años, el experto recordó que el acceso a registros biométricos requiere consentimiento explícito de los padres, advirtiendo que, ante la actual inseguridad, no es recomendable exponer a los menores a peligros inherentes.
Desde la perspectiva política, Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM, señaló que este pedido representa la primera prueba de fuego para el gobierno de Keiko Fujimori en términos de capacidad de negociación con los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Mejía recordó que el gobierno se tomó un tiempo para refinar sus propuestas tras la filtración de un primer borrador en julio. Indicó que es habitual que los gobiernos entrantes soliciten facultades legislativas, pero que usualmente se excluyen ciertos temas y se aprueban parcialmente las prioridades, como seguridad, reactivación económica y reformas tributarias. El politólogo enfatizó que el objetivo del gobierno es desburocratizar el Estado, aunque existe una alta expectativa ciudadana por acciones concretas contra el crimen organizado y el Fenómeno del Niño.
Por su parte, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, calificó el pedido de facultades como una respuesta urgente para actuar contra el Fenómeno del Niño, pero advirtió sobre los retos de implementación. Corcuera subrayó la necesidad de establecer mecanismos de control y eficiencia para evitar las prácticas corruptas observadas en el pasado durante la entrega de ayuda directa. Asimismo, criticó la tardanza en la legislación, señalando que el proceso de discusión en el Parlamento, pasando por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores, demandará tiempo y esfuerzo, especialmente por la sensibilidad de temas como la flexibilización de la normativa ambiental y la desprotección de áreas naturales protegidas.
Finalmente, Corcuera se refirió a la crisis penitenciaria, describiéndola como una crisis permanente. Calificó de urgente la necesidad de evitar que las cárceles sigan siendo centros de operaciones informales o "universidades del crimen" desde donde se realizan extorsiones. Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, mencionó que, según el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, el apoyo se limitaría a perímetros externos y control de productos mediante escáneres y campanas. Corcuera cuestionó la efectividad de esta medida para reducir el crimen, argumentando que los asesinatos en empresas de transporte ocurren en zonas como el Cono Norte, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, escenarios alejados de la gestión perimetral de los penales.
