El Gobierno ha oficializado la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 60 días calendario. Esta medida, formalizada a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo principal enfrentar la criminalidad organizada y diversas situaciones de violencia que afectan a estas jurisdicciones.
Como consecuencia directa de esta declaratoria, se ha dispuesto la suspensión o restricción de diversos derechos constitucionales fundamentales. Entre los derechos afectados se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.
En cuanto al control del orden interno, el decreto establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el mando, contando con el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Gobierno ha determinado que cualquier actividad de carácter masivo y público, ya sea de índole religiosa, cultural, deportiva o no deportiva, deberá contar con el permiso correspondiente solicitado ante las autoridades competentes para poder llevarse a cabo.
Para garantizar una gestión centralizada y eficiente en la toma de decisiones, se ha dispuesto la constitución del Comando de Coordinación Operativa Unificada en un plazo máximo de 24 horas. Este comando estará presidido por el comandante general de la Policía Nacional e integrará a figuras clave como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Conasec y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Además, formarán parte de este ente representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Indeci, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y los alcaldes de Lima y el Callao. El propósito de este comando es dirigir acciones integradas para restablecer y mantener el orden interno, coordinando los esfuerzos de la Policía, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de serenazgo.
En el ámbito municipal, se ha facultado a los municipios distritales para incrementar la contratación de personal de serenazgo, priorizando a aquellos ciudadanos que posean experiencia previa en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional.
El plan operacional diseñado para este periodo comprende un control territorial exhaustivo en zonas críticas. Para ello, se implementarán patrullajes disuasivos constantes, tanto a pie como motorizados, enfocándose en puntos estratégicos como paraderos, estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales.
En el sector penitenciario, el decreto introduce medidas estrictas para reducir la incidencia delictiva desde el interior de los penales. Se ha decretado el apagón eléctrico de las celdas, manteniendo únicamente la iluminación general o exterior. De igual manera, se procederá al desmontaje de antenas de comunicación ilegales instaladas alrededor de los centros penitenciarios y se realizarán operativos permanentes para la incautación de teléfonos móviles y chips. Adicionalmente, el Sistema de Inteligencia Nacional llevará a cabo pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Respecto a la seguridad de las operaciones, el personal que participe en patrullajes u operativos reservados tendrá prohibido el uso de equipos de comunicación personales. Asimismo, en el caso de operativos especiales, se permitirá el uso de elementos destinados a proteger la identidad de los efectivos. En el área de soporte y logística, se ha determinado el uso de imágenes satelitales provistas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para monitorear y controlar las áreas con alta incidencia delictiva.
El despliegue de personal se reforzará con la participación de las escuelas de formación. Los cadetes policiales de último año serán asignados a labores administrativas y operativas dentro de las comisarías. Por su parte, los alumnos de formación militar llevarán a cabo entrenamientos y marchas disuasivas en las zonas que el Comando de Coordinación Operativa Unificada determine.
Finalmente, se ha conformado un Comité de Fiscalización, presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional. Este comité ejecutará operativos de control y fiscalización en zonas identificadas con actividades relacionadas a la trata de personas, la comercialización ilegal de drogas y estupefacientes, el mercado ilegal de armas, así como la venta informal y ambulatoria de equipos celulares de dudosa procedencia y tarjetas SIM o chips telefónicos.
