El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) atraviesa una crisis financiera profunda caracterizada por un déficit creciente y una incapacidad estructural para sostenerse por sus propios medios. Para evitar la quiebra del sistema de pensiones, el régimen oriteguista ha implementado una estrategia de transferencias masivas de recursos públicos que, según análisis técnicos, funcionan más como un paliativo artificial que como una solución definitiva.
De acuerdo con estadísticas oficiales, desde el año 2022 el Estado nicaragüense ha transferido más de 16,000 millones de córdobas al INSS. Esta inyección de capital busca tapar el agujero financiero provocado por un desbalance demográfico y operativo: el número de pensionados crece a un ritmo mucho más acelerado que el de los cotizantes. La magnitud de este rescate es evidente al observar el Presupuesto General de la República para el año 2026, el cual ya tiene pautada la entrega de 5,179.7 millones de córdobas, cifra que representa casi un tercio del total transferido en los últimos cinco años.
A pesar de estas millonarias transfusiones, los datos revelan que el sistema sigue sangrando. Entre 2022 y 2024, el INSS acumuló un déficit de 5,507.8 millones de córdobas. Si bien en 2023 se registró un leve superávit de 137.4 millones de córdobas, este resultado fue posible principalmente gracias a las transferencias estatales y no a una mejora en la recaudación o gestión de la institución.
Expertos consultados señalan que el problema es multidimensional. Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, afirma que existen causas estructurales ligadas al modelo económico, pero enfatiza que la corrupción y el despilfarro han sido endémicos. Sáenz sostiene que el INSS pasó de tener un superávit operativo al inicio del gobierno de Ortega en 2007 a un déficit crónico debido al aumento desproporcionado de salarios internos, el incremento de personal en la dirección superior y la creación de un decimocuarto mes.
La corrupción ha dejado huellas concretas en la gestión de los fondos de los pensionados. Entre los casos más señalados se encuentran la construcción de la Torre Norte en Managua y un préstamo de casi 1.7 millones de dólares otorgado a Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (Dinsa) para el condominio “Apartamentos Planes de Altamira”. Dinsa era propiedad de Alfonso Silva, quien se desempeñaba como representante del sector privado en el INSS. Asimismo, se mencionan los proyectos residenciales San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, valorados en más de 14.5 millones de dólares y vinculados a Tirso Celedón Lacayo, señalado como presunto testaferro de la pareja presidencial.
Desde la perspectiva económica, Marco Aurelio Peña, investigador del CETCAM, advierte sobre la grave situación laboral. Actualmente, menos de tres de cada diez trabajadores cotizan al Seguro Social. La falta de empleos formales y salarios competitivos impide que la institución capte recursos esenciales. A esto se suma la migración masiva de jóvenes en edad productiva hacia países como Estados Unidos, Costa Rica y España, lo que vacía la base de cotizantes y acelera el envejecimiento demográfico de la población restante.
Esta crisis demográfica es alarmante: en 2008, la relación era de 5.71 cotizantes por cada pensionado; para 2024, esta cifra se redujo drásticamente a solo 2.5 cotizantes por pensionado. Alejandro Arauz, economista y autor de "Economía del Malestar", añade que las reformas implementadas en 2019 (Resolución 1-325) terminaron incentivando la informalidad y la subdeclaración laboral en las pequeñas y medianas empresas al encarecer el costo de la contratación formal.
Para estabilizar las finanzas, los especialistas sugieren medidas drásticas. Peña propone revisar la edad de retiro, ya que Nicaragua posee una de las más bajas de la región mientras la expectativa de vida supera los 70 años. También se plantea la revisión de las tasas de reemplazo, las fórmulas de cálculo y la implementación de sistemas de seguridad social privados como alternativa al público. Por su parte, Sáenz insiste en la necesidad de realizar auditorías a fondo para sancionar el robo de recursos y recuperar los fondos desviados, asegurando que los pensionados son quienes pagan el costo de este despilfarro con hambre y sufrimiento.
