El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció oficialmente la declaratoria de calamidad pública para el departamento del Tolima, como respuesta a la devastadora crisis provocada por los incendios forestales que azotan la región. El anuncio fue realizado por el primer mandatario desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el municipio de San Luis, donde se coordinan las acciones de respuesta ante la emergencia ambiental.
La gravedad de la situación se refleja en las cifras reportadas por el Gobierno Nacional. Hasta el momento, los incendios han dejado afectaciones en más de 50.000 hectáreas de terreno y han impactado la subsistencia de más de 2.600 agricultores. El alcance geográfico del desastre es amplio, pues se han contabilizado 23 municipios y 507 veredas que se encuentran asediadas por el fuego, lo que ha llevado a las autoridades a determinar que la capacidad de respuesta local ha sido superada.
De acuerdo con el marco legal, la declaratoria de calamidad pública es la herramienta mediante la cual los departamentos o municipios señalan que una emergencia ha sobrepasado sus capacidades operativas y financieras, requiriendo el apoyo inmediato del Gobierno Nacional. En este escenario, entra en funcionamiento la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a través del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, permitiendo el despliegue de mayores ayudas y capacidades técnicas.
Sobre las implicaciones jurídicas y administrativas de esta medida, el abogado Mauricio Beltrán explicó que el decreto permite habilitar herramientas extraordinarias para agilizar la ayuda. Entre estas, destaca la posibilidad de realizar contrataciones directas, lo que permite que los paquetes de asistencia lleguen a los afectados en un tiempo reducido, aproximadamente 17 días después. Beltrán subrayó además que estas gestiones se llevan a cabo en un contexto complejo, ya que la región también se encontraba atendiendo las consecuencias de un terremoto.
Frente a la tragedia, el presidente De la Espriella aseguró que el Gobierno Nacional implementará un “plan especial” enfocado en tres ejes fundamentales: recuperación ambiental, productividad y seguridad. El mandatario enfatizó que la estrategia no se limitará únicamente a la extinción de las llamas, afirmando que el objetivo es recuperar todo aquello que el fuego destruyó. Como parte de estas medidas concretas, se anunció la entrega de 343 subsidios de vivienda rural, cada uno por un valor de 65 millones de pesos. Asimismo, se suministrarán 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para garantizar la alimentación de los animales afectados y colaborar en la recuperación de la tierra.
Sin embargo, el componente más crítico del anuncio presidencial fue la denuncia sobre el origen de los incendios. El mandatario sostuvo que existe información que indica que gran parte de los fuegos han sido provocados deliberadamente por "manos criminales". Según De la Espriella, no se trata solo de una emergencia ambiental, sino de una estrategia para golpear a los campesinos, destruir cultivos y animales, y sembrar el miedo en la población rural. "Ya los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo", sentenció el presidente.
Para combatir esta situación, el jefe de Estado ordenó la creación inmediata de un grupo élite especial, compuesto por una fuerza combinada de toda la fuerza pública, el cual contará con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar y capturar a los responsables. En este sentido, se estableció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada persona que sea judicializada por provocar estos incendios.
Finalmente, el presidente alertó que grupos narcoterroristas están aprovechando la calamidad para ejecutar actos terroristas e intimidar a la población, mencionando específicamente el uso de drones en el sur del departamento. En relación con esto, ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por la captura de alias Yamaha y alias Leonel, presuntos integrantes del frente Jerónimo Galanos del Estado Mayor de ‘Iván Mordisco’. Aunque el presidente distinguió entre las recompensas para los incendiarios y las de los cabecillas armados, dejó abierta la posibilidad de que ambos grupos estén conectados entre sí.
