Para miles de emprendedores en Nicaragua, el medidor de energía eléctrica se ha convertido en un termómetro de supervivencia. En Managua, la realidad de los pequeños negocios está marcada por una lucha constante contra una tarifa eléctrica que, lejos de estimular el crecimiento, actúa como un freno para la innovación y la expansión económica de las familias que dependen de sus propios emprendimientos.
El caso de Sergio es representativo de esta situación. Su familia opera una pequeña pulpería en un barrio oriental de la capital, donde venden agua, jugos y gaseosas. A pesar de que sus clientes solicitan la venta de productos perecederos como carne y queso, el núcleo familiar ha decidido no expandirse. El motivo es estrictamente económico: la introducción de nuevos equipos de refrigeración elevaría el consumo energético a un punto en que las ganancias serían absorbidas por el costo de la factura eléctrica.
Sergio relata que, antes de iniciar la pulpería, el recibo mensual de su hogar rondaba los 1.200 córdobas. Con el tiempo, el monto ha subido de manera consistente hasta superar los 2.000 córdobas actuales. Para mitigar el impacto, la familia ha tenido que racionalizar el uso doméstico de su refrigeradora, priorizando el enfriamiento de los productos destinados a la venta. En la práctica, Sergio termina subsidiando la operación de su negocio al pagar la mitad de la factura con sus recursos personales.
Esta problemática no es aislada. En Nicaragua, los administradores de pequeños negocios y las cabezas de familia viven pendientes del consumo. Mientras los hogares buscan no superar los 150 kilovatio-hora (kWh) mensuales para mantener el subsidio, los empresarios luchan por alcanzar niveles de eficiencia energética que eviten que la electricidad amenace la permanencia de sus locales.
Expertos consultados por CONFIDENCIAL señalan que el sistema eléctrico nicaragüense está diseñado bajo una lógica de castigo al consumo, cobrando precios más elevados por kWh a quienes más consumen. A esto se suma la política de pagar a las empresas por potencia instalada, independientemente de si están generando energía o no, lo que encarece el costo final para el usuario.
El economista Marco Aurelio Peña atribuye esta situación a la alta participación estatal en la compañía comercializadora de electricidad, Disnorte y Dissur. Según Peña, la burocracia inherente a la gestión estatal aumenta la estructura de costos y genera ineficiencias operativas y económicas que se trasladan directamente al consumidor. El experto sostiene que quienes operan la empresa priorizan el lucro personal y el poder sobre la mejora de las condiciones para invertir y emprender.
Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro destaca la obsolescencia de la red eléctrica, tanto en el sistema de alto voltaje como en la distribución final. Chamorro argumenta que el sistema nicaragüense presenta fugas y pérdidas técnicas que superan considerablemente las de Costa Rica y otros países de Centroamérica.
Para un microemprendedor, la electricidad es solo uno de los muchos obstáculos. Deben sobrevivir a impuestos locales y nacionales, así como a altas tasas de interés en microfinanzas y bancos. La factura eléctrica, al no contar con excepciones que estimulen el libre emprendimiento, bloquea la posibilidad de generar más empleo y riqueza, manteniendo a los negocios en una escala micro.
Otro ejemplo es el de Guillermo, quien administra un restaurante cerca de la zona rosa de Managua. Su factura mensual oscila entre los 25.000 y 35.000 córdobas. Para reducir costos, Guillermo ha renunciado al uso de aire acondicionado, optando por una terraza y grandes abanicos de techo. Incluso ha implementado estrategias de venta: instruye a sus meseros para promover comida, vinos o licores, ya que estos productos no requieren refrigeración, a diferencia de la cerveza, que aunque se vende masivamente, genera menos ganancia y consume más energía.
A pesar de considerar el costo eléctrico como un "abuso extremo", Guillermo rechaza la opción de conectarse ilegalmente, basando su crecimiento en el respeto a la ley. Esta postura es respaldada por el economista Chamorro, quien advierte que el fraude energético no abarata la electricidad, ya que la energía robada termina siendo pagada por el resto de los usuarios.
Finalmente, los expertos coinciden en que Nicaragua requiere un sistema concesionado y un regulador independiente que busque el equilibrio entre la rentabilidad de la empresa y la capacidad de pago del consumidor. Actualmente, el país enfrenta un monopolio sin regulación real, donde el regulador tiene un interés directo en que los precios no bajen para no afectar los ingresos del Estado bajo la administración de la dictadura Ortega-Murillo.
