El Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento determinante en relación con la situación jurídica del senador Fernando Rospigliosi. A través de una resolución reciente, la instancia judicial declaró improcedente un recurso legal mediante el cual el legislador buscaba anular la condena impuesta en su contra por el delito de difamación. Esta sentencia fue emitida a favor de Delia Espinoza, quien se desempeñó como fiscal de la Nación y actualmente ejerce el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).
El conflicto legal se originó a partir de una serie de publicaciones realizadas por el senador en sus redes sociales. En dichos mensajes, Rospigliosi calificó a Delia Espinoza como una "aliada del terrorismo y de las economías informales". Estas declaraciones fueron el fundamento para que el proceso judicial avanzara, resultando en una sentencia dictada en abril pasado por la jueza suprema Norma Carbajal. En dicha primera instancia, se determinó que el legislador era responsable del delito de difamación, imponiéndosele una pena de 9 meses de prisión suspendida.
Ante este fallo, la estrategia legal de Fernando Rospigliosi Capurro consistió en interponer una demanda de habeas corpus ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima. El objetivo primordial de este recurso era lograr la anulación total del proceso judicial seguido en su contra por el delito mencionado, así como la invalidación de la sentencia de prisión suspendida dictada por la jueza Carbajal.
En los argumentos presentados por su defensa técnica, el senador, quien también ha ocupado la presidencia del Congreso, sostuvo que existieron fallas procesales y de fondo en la sentencia. Específicamente, la defensa argumentó que la jueza encargada del caso no realizó una valoración correcta de los hechos expuestos durante el proceso. Asimismo, Rospigliosi alegó que se cometió un error jurídico al procesarlo por este delito bajo los parámetros de un delito común, sugiriendo que la naturaleza de su cargo o el contexto de sus declaraciones deberían haber sido considerados de manera distinta.
Sin embargo, el juez Jorge Ramírez, responsable de evaluar la demanda de habeas corpus, resolvió que no era posible realizar un control constitucional sobre la sentencia emitida contra Fernando Rospigliosi en este momento. El fundamento técnico de esta decisión radica en que la sentencia aún no tiene la calidad de "firme". En el derecho procesal, una sentencia es firme cuando ya no admite más recursos ordinarios o ha sido revisada en todas las instancias correspondientes.
El magistrado Ramírez señaló que, dado que la resolución de primera instancia aún no ha sido revisada en una segunda instancia, el recurso de habeas corpus no es la vía idónea para cuestionar el fondo de la decisión. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de revisión, ya que existen recursos de apelación en trámite presentados tanto por la defensa del senador Fernando Rospigliosi como por la parte demandante, representada por Delia Espinoza.
A pesar de que este recurso específico ha sido declarado improcedente, la defensa legal del legislador aún cuenta con vías jurídicas para continuar su impugnación. El equipo legal de Rospigliosi mantiene la posibilidad de apelar esta decisión ante una segunda instancia. De persistir la controversia y agotarse las vías ordinarias, el caso podría eventualmente llegar hasta el Tribunal Constitucional, organismo que tendría la facultad de emitir una resolución definitiva a través de la vía constitucional.
Por el momento, la condena de 9 meses de prisión suspendida permanece vigente mientras se resuelven las apelaciones pendientes en el proceso ordinario. El caso continúa bajo el escrutinio del sistema judicial peruano, centrándose en el límite entre la libertad de expresión de un legislador y el derecho al honor de una autoridad judicial y gremial.
