La investigación judicial en torno al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha dado un giro significativo con la apertura de una nueva línea de indagación. Las autoridades ahora centran su atención en una posible infiltración dentro del esquema de seguridad del político, poniendo bajo la lupa a dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, los investigadores han analizado los registros de las antenas de telefonía móvil, detectando movimientos coincidentes entre los teléfonos de dos integrantes del anillo de seguridad y el dispositivo de uno de los condenados por el crimen. Estas coincidencias geográficas sugieren encuentros presenciales en fechas clave previas al atentado.
La primera coincidencia técnica fue registrada el 29 de enero de 2025 en el sector de Modelia, lugar donde ocurrió el ataque mortal. Un detalle relevante que resalta la sospecha es que, para esa fecha, Miguel Uribe Turbay se encontraba en Panamá, mientras que su esposa, María Claudia Tarazona, permanecía en Miami. A pesar de la ausencia de los protegidos, los celulares de los escoltas y el del condenado coincidieron en la zona.
Una segunda coincidencia se produjo a comienzos de abril, presuntamente en las inmediaciones del Congreso de la República. En esta ocasión, los registros volvieron a ubicar a los dos miembros del esquema de seguridad junto al mismo condenado. Al igual que en el primer evento, tanto el senador como su esposa se encontraban fuera de la ciudad en el momento de este posible encuentro.
Un aspecto crítico que ha generado preocupación es que los escoltas señalados en esta línea de investigación continúan asignados a la familia del difunto senador, siendo actualmente los responsables de garantizar la seguridad de María Claudia Tarazona.
En paralelo a los rastreos técnicos, la Fiscalía General de la Nación avanza en la verificación de un testimonio proporcionado por un menor de 17 años, conocido como “Churco”. Según el relato del joven, el principal cerebro logístico y operativo del atentado, Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “el Costeño”, mantenía en sus contactos a una persona identificada explícitamente como “Escolta senador”. Según el testigo, este contacto era el encargado de suministrar información detallada sobre los movimientos del político.
El adolescente afirmó haber integrado un grupo de WhatsApp donde se coordinaba el ataque y se compartía información sensible sobre Miguel Uribe Turbay. En dicho grupo circulaban datos sobre la vivienda del precandidato, la ubicación y características de una camioneta, así como los recorridos habituales que realizaba la víctima. El testigo sostuvo que gran parte de esta información provenía de personas con contacto directo con el senador y que en el chat se discutían diversas alternativas para ejecutar el crimen.
“Churco” también describió una comunicación breve y sospechosa ocurrida justo antes del atentado. Relató que se encontraba con alias “Chipi” en un taller de motocicletas ubicado en la localidad de Engativá cuando el cabecilla realizó una llamada de WhatsApp al contacto “escolta senador”. Según la declaración, la comunicación fue sumamente corta y el interlocutor se limitó a decir una sola frase: “Hay manifestaciones”, para luego finalizar la llamada inmediatamente.
El menor, quien entregó a las autoridades su teléfono Oppo A58, fue reclutado a finales de mayo de 2025 por alias “Chipi”, quien posee nexos con antiguos integrantes de los “Sayayines del Bronx”. Según las evidencias, al joven se le ofreció una suma de 20 millones de pesos por ejecutar el asesinato del senador.
Sin embargo, el proceso judicial ha enfrentado un contratiempo: en julio de 2025, tras rendir su testimonio en el búnker de la Fiscalía, el joven huyó mientras se encontraba bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Hasta el momento, su paradero es desconocido.
Hasta la fecha, el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay suma siete sentencias condenatorias. No obstante, la tensión persiste, especialmente debido a que la viuda del senador, María Claudia Tarazona, ha expresado públicamente su rechazo y críticas hacia el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y alias “El Costeño” respecto a su participación en el crimen.
