Este jueves 20 de agosto se perfila como una jornada judicialmente trascendental para el entorno del gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación ha programado la presentación formal de los escritos de acusación en dos procesos penales distintos que involucran a figuras ligadas a la administración actual: Juliana Guerrero y Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol.
El primer proceso, programado para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, se centra en la situación jurídica de Juliana Guerrero. La joven, oriunda de San Onofre (Cesar), quien estuvo muy cerca de ser designada como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, enfrentará una acusación formal por el cargo de fraude procesal.
Según la investigación adelantada por el ente acusador, Guerrero utilizó títulos académicos falsos emitidos por la Fundación Universitaria San José para intentar modificar su hoja de vida y así cumplir con los requisitos necesarios para el cargo público. La Fiscalía ha sido enfática al señalar que la exasesora del Ministerio del Interior nunca asistió a clases, no presentó exámenes ni realizó las pruebas del Icfes.
Específicamente, el ente investigador sostiene que Guerrero obtuvo diplomas y actas de grado falsas que la acreditaban como tecnóloga en gestión contable y como contadora pública. Se resalta que para obtener el título de pregrado en contaduría pública es indispensable presentar la prueba Saber Pro, exigida por el Ministerio de Educación, requisito que la implicada omitió completamente. Con estos documentos fraudulentos, Guerrero ingresó la información en el sistema Sigep II, herramienta administrativa utilizada para la gestión del empleo público, con el objetivo final de obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de las Juventudes.
En paralelo, la agenda judicial continuará a las 12:00 m. ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá, donde la Fiscalía presentará la acusación contra Ricardo Roa. El exgerente de la campaña "Petro Presidente 2022" y actual presidente de Ecopetrol deberá responder por el cargo de tráfico de influencias.
La tesis de la Fiscalía en el caso de Roa se basa en la adquisición de un apartamento ubicado en el sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá. El ente investigador afirma que Roa compró este inmueble a un precio injustificable, presuntamente como resultado de presiones ejercidas para favorecer con un contrato a un reconocido empresario del sector de los hidrocarburos, Juan Mancera.
De acuerdo con las pruebas recolectadas, la Fiscalía sostiene que Roa ejerció una influencia indebida sobre el presidente de Hocol en relación con un proyecto de regasificación. Esta acción habría estado orientada a beneficiar los intereses particulares de Juan Mancera, con quien Roa había pactado una negociación comercial para la compraventa del apartamento mencionado.
El análisis financiero presentado por el fiscal del caso revela que Ricardo Roa adquirió el inmueble por una suma de 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial real ascendía a los 2.727 millones de pesos. Esta diferencia representa un beneficio directo para Roa de 927 millones de pesos, lo que sitúa el precio de compra un 34% por debajo del valor de mercado. Para la Fiscalía, estas condiciones de pago y precio fueron el resultado de la influencia ejercida en el ámbito profesional.
Es importante señalar que este no es el único proceso legal que enfrenta Ricardo Roa. El funcionario también es sujeto de otro proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en la presentación de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, proceso que se adelanta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con estas dos diligencias, la Fiscalía General de la Nación busca formalizar las responsabilidades penales de Guerrero y Roa, marcando un día decisivo en el desarrollo de estas investigaciones que impactan la esfera administrativa del gobierno nacional.
