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Polémica por transferencias a la infancia: Cabildo Abierto presenta sustitutivo que genera divisiones

La propuesta del partido de Manini Ríos causó polémica entre la oposición, que asegura que el FA dará los votos.

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Polémica por transferencias a la infancia: Cabildo Abierto presenta sustitutivo que genera divisiones

En el marco del tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas, los diputados pertenecientes a la banca de Cabildo Abierto han introducido una modificación significativa en la propuesta gubernamental. Durante las últimas horas de la tarde del pasado miércoles, el partido presentó un artículo sustitutivo al artículo 257, el cual regula las transferencias económicas destinadas a la infancia y la adolescencia.

Esta iniciativa surge tras una serie de acuerdos alcanzados entre el partido dirigido por Guido Manini Ríos y el Poder Ejecutivo. Según se había informado inicialmente, el oficialismo había aceptado una propuesta fundamental: que la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia no se entregara en efectivo, sino que se canalizara a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). El objetivo primordial de este mecanismo sería garantizar que los fondos se destinen a los fines sociales previstos.

En una conferencia de prensa brindada por el propio Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto enfatizó que la implementación de este sistema permitiría establecer mecanismos de verificación rigurosos. Según aseguró el político, se buscaría constatar que los niños y adolescentes beneficiarios reciban una alimentación adecuada, accedan a la atención médica y odontológica necesaria y, fundamentalmente, mantengan su concurrencia regular a las instituciones escolares.

Sin embargo, el análisis del texto sustitutivo al que se ha tenido acceso revela una discrepancia notable entre el discurso público y la redacción técnica del documento que será tratado este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados. En el texto escrito, se propone que la asignación económica se acredite mediante cuentas de instituciones de intermediación financiera o de dinero electrónico. La condición es que dichas instituciones ofrezcan el servicio bajo los parámetros establecidos en la ley 19.210.

Este punto técnico es el núcleo de la controversia actual. La legislación mencionada, específicamente en el literal D de su artículo 25, estipula que las instituciones financieras deben garantizar una red de puntos de retiro de dinero distribuidos en todo el territorio nacional. Esto implica que, a diferencia de la Tarjeta Uruguay Social, que puede tener restricciones de uso según el comercio o el producto, el uso de cuentas de dinero electrónico con red de extracción facilitaría el acceso al efectivo.

Esta particularidad ha captado la atención de la oposición. Fuentes vinculadas al Frente Amplio han asegurado que su bancada brindará los votos necesarios durante la jornada del jueves para que este sustitutivo sea aprobado en la Cámara de Diputados y sea posteriormente remitido al Senado. De concretarse este escenario y contando con el respaldo de los legisladores oficialistas en la Cámara alta, el resultado final sería que los beneficiarios de la asignación para la infancia podrían utilizar los fondos sin las condiciones de restricción que se habían planteado inicialmente.

Esta posibilidad ha generado una fuerte reacción dentro del propio oficialismo, específicamente desde el Partido Nacional. Diversos sectores de dicha colectividad han manifestado su oposición a este esquema, argumentando que es indispensable proveer un marco regulatorio claro. Para el Partido Nacional, es fundamental que existan controles que eviten que el dinero sea utilizado para comprar cualquier tipo de artículo, asegurando así que el recurso llegue efectivamente al bienestar del menor.

El debate se centra, por tanto, en la tensión entre la facilidad de acceso al recurso financiero y el control estatal sobre el destino de los fondos públicos. Mientras que el texto del sustitutivo abre la puerta a una mayor flexibilidad a través de la banca electrónica y puntos de retiro, las promesas de control sanitario y educativo expresadas por Manini Ríos parecen chocar con la operatividad técnica de la ley 19.210. La resolución de este conflicto legislativo se definirá en las próximas sesiones parlamentarias.

Esta nota fue producida por la redacción de Noticias.lat: verificamos la información en fuentes públicas y la reescribimos con nuestro criterio editorial. No republicamos textos de terceros.

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