La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de la congresista Catherin Palomino, representante de la bancada Juntos por el Perú, ha aprobado el dictamen destinado a derogar la Ley N° 32130. Esta normativa, vigente hasta el momento, facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) para llevar a cabo las investigaciones preliminares en los procesos penales, dejando al Ministerio Público únicamente la responsabilidad de la conducción jurídica de dichas diligencias.
El proceso de aprobación se desarrolló de manera expedita. Tras el llamado al debate y la posterior votación realizado por la presidenta Palomino Casavilca, se registró una ausencia total de solicitudes para hacer uso de la palabra por parte de los miembros de la comisión. Ante este escenario, se procedió directamente a la votación, la cual resultó en 12 votos a favor de la derogación, 7 votos en contra y ninguna abstención. Con este resultado, el dictamen pasa ahora a manos del pleno del Congreso, instancia que tendrá la responsabilidad final de ratificar o derogar la decisión tomada en la comisión.
El análisis de la votación revela una marcada división ideológica y política dentro del órgano legislativo. El respaldo a la derogación provino mayoritariamente de las bancadas de oposición. Entre los congresistas que votaron a favor se encuentran Catherin Palomino Casavilca, Condori Flores, Varas Seguin, Marquéz Huanca y Manay Pillaca, todos pertenecientes a Juntos por el Perú. Asimismo, se sumaron los votos de Gonzales Polar, Fernández Nina y García Huby de la bancada Buen Gobierno; Huilca Flores y Holguín Loayza de Ahora Nación; y Lope Letona y Masco Cáceres del grupo parlamentario Obras.
En contraposición, los representantes del oficialismo se alinearon para rechazar la derogación de la Ley N° 32130. En este bloque se ubicaron Baella Malca, de Renovación Popular, junto a los legisladores fujimoristas Beteta Rubín, Bobadilla Galindo, Castro Cruz, Domínguez Herrera, Muñoz Yurivilca y Chacon Devetori.
Cabe recordar que el proyecto que otorgó mayores facultades a la PNP fue impulsado en la legislatura anterior por el congresista Esdras Medina, de Renovación Popular. Dicha propuesta contó con el respaldo estratégico de Fernando Rospigliosi, quien defendió la norma calificándola como una herramienta fundamental y clave para combatir delitos de alta complejidad, tales como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. En su momento, el respaldo para lograr los dos tercios del Congreso fue consolidado por el alineamiento de votos de Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú.
Posteriormente, la sesión de la Comisión de Justicia abordó la votación del pre dictamen para derogar la Ley N° 32104, ampliamente conocida como la "Ley Soto". Esta norma había modificado el Código Penal con el objetivo de limitar a un año el plazo máximo de suspensión de la prescripción de los delitos durante la etapa de investigación preparatoria.
El debate sobre la Ley Soto estuvo marcado por tensiones entre la presidencia de la comisión y los representantes de Fuerza Popular. Tras la exposición del dictamen, el diputado Javier Cruz solicitó a Catherin Palomino que explicara los puntos del texto con sus propias palabras. Ante este pedido, la presidenta de la comisión respondió tajantemente que el legislador no le iba a “poner la agenda”.
La controversia continuó con la intervención de la congresista fujimorista Cecilia Chacón, quien argumentó que las investigaciones penales no podían extenderse de manera interminable. Según Chacón, el dictamen presentado no contemplaba medidas concretas para evitar las demoras administrativas y procesales del Ministerio Público. En sintonía con este punto, Kim Muñoz, también de Fuerza Popular, respaldó lo expuesto por su colega y sugirió que sería pertinente solicitar la presencia del Fiscal de la Nación para que expusiera técnicamente sobre el tema.
Por su parte, Heber López, representante de la bancada Obras, subrayó la necesidad de que el proyecto fuera sometido a un debate más amplio y profundo, integrando la participación de técnicos especializados en la materia para garantizar la viabilidad de la norma.
Finalmente, la presidenta Palomino justificó el avance del proceso indicando que ya se encontraban dentro del plazo establecido de 15 días para la elaboración del dictamen y aseguró que, previamente, se había llevado a cabo una mesa técnica para analizar los puntos pertinentes.
