En el marco de la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos celebrada este martes 20 de octubre, la parlamentaria Cecilia Chacón manifestó de manera categórica su rechazo a la propuesta de Reforma Policial, así como a la iniciativa que busca derogar las Leyes 32735 y 32130. Estas normativas son el centro de un intenso debate parlamentario, ya que otorgan la conducción de las investigaciones a la Policía Nacional y establecen que los eventuales procesos penales derivados de estas acciones sean remitidos al fuero militar-policial.
Durante su intervención en el grupo de trabajo parlamentario, la diputada Chacón sostuvo que cualquier modificación del sistema legal actual carecería de sentido, especialmente cuando se contrastan con los supuestos avances reportados en materia de seguridad ciudadana. Para la legisladora, el marco normativo vigente ha demostrado una eficacia que no debería ser alterada bajo criterios que ella considera contraproducentes para la lucha contra la criminalidad.
Para fundamentar su posición, la parlamentaria hizo referencia a los datos presentados durante la sesión. Chacón destacó que las estadísticas expuestas en la reunión indicaban una disminución general de los delitos, vinculando este resultado positivo directamente con la implementación del sistema donde la policía es la entidad encargada de liderar las investigaciones. Según su análisis, los números respaldan la operatividad del modelo actual, lo que invalidaría la necesidad de regresar a esquemas anteriores.
La postura de la diputada busca blindar la normativa que fue impulsada originalmente por el expresidente del Congreso y actual senador fujimorista, Fernando Rospigliosi. El núcleo de dicha legislación establece que los delitos cometidos por militares y policías mientras se encuentran en el ejercicio de sus funciones deben ser procesados en tribunales militares. Este mecanismo legal tiene una implicancia directa en la administración de justicia, ya que impide la intervención de la justicia ordinaria en estos casos específicos y ordena, además, que los jueces civiles procedan al archivo de las investigaciones que se encuentren actualmente en trámite.
No obstante, esta disposición legal no ha estado exenta de controversias. Diversos sectores han emitido críticas severas, señalando que el traslado de estos procesos al fuero militar representa un riesgo elevado de impunidad y una posible vulneración a los derechos humanos, al sustraer el control de los tribunales civiles sobre el actuar de las fuerzas del orden.
Ante estas críticas, Cecilia Chacón cuestionó duramente las intenciones de quienes promueven la revisión o derogación de las leyes 32735 y 32130. En su discurso, la diputada planteó un interrogante sobre la razón de querer cambiar o eliminar una estructura legal que, a su juicio, está brindando mejores resultados que el sistema previo.
La legisladora fue más allá en su argumentación, sugiriendo que existe una contradicción en el discurso de quienes solicitan la derogación. Según Chacón, mientras algunos sectores afirman querer luchar contra la delincuencia, sus acciones legislativas se dirigen a eliminar las herramientas que están funcionando. "Entonces también la lógica me diría que quieren lo contrario, quieren que haya caos", sentenció la parlamentaria durante su intervención, vinculando la insistencia en la derogación con un deseo implícito de desestabilizar el orden público.
De esta manera, la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha dejado en evidencia la profunda división respecto al manejo de la justicia para las fuerzas del orden. Mientras un sector aboga por el retorno a la justicia ordinaria para evitar la impunidad, representantes como Cecilia Chacón defienden el fuero militar-policial basándose en la eficiencia operativa y la reducción de índices delictivos reportados en las estadísticas actuales.
