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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho público un auto, fechado el pasado 19 de octubre, que resuelve la situación jurídica de cuatro de los principales implicados en el proceso independentista catalán. El documento no solo formaliza la aplicación de la amnistía para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa en relación con el delito de malversación, sino que se convierte en un severo reproche institucional contra el Tribunal Constitucional (TC) bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.
Como consecuencia directa de este auto, quedan extinguidas las penas de inhabilitación impuestas en la sentencia del 'procés' del 14 de octubre de 2019. Estas sanciones se prolongaban hasta el año 2030 para Junqueras, Romeva y Turull, y hasta 2031 en el caso de Dolors Bassa. Con esta resolución, los cuatro políticos recuperan sus derechos y podrán concurrir a las próximas elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
El detonante de esta tensa resolución es la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre, redactada por el propio Conde-Pumpido y aprobada por siete votos contra cinco. Dicha sentencia otorgó el amparo a Dolors Bassa, anuló los autos del Supremo del 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 —que habían denegado la amnistía— y ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución que declarase amnistiada la malversación. Según magistrados del Supremo, este texto del TC "traspasa todos los límites de una correcta práctica jurídico-procesal".
El auto del Supremo, redactado por Manuel Marchena —quien presidió la Sala Segunda entre 2014 y 2024 y encabezó el tribunal que juzgó a los líderes soberanistas— y secundado por Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, denuncia que el Tribunal Constitucional ha ensanchado el espacio de las garantías constitucionales hasta "límites inéditos en su propia historia". Los magistrados argumentan que el TC ha mutado en una "última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo", vulnerando así el espíritu del artículo 123 de la Constitución.
La Sala de lo Penal sostiene que el órgano de garantías ha ignorado su propia doctrina y el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que obliga al tribunal a limitarse a concretar si se han violado derechos y libertades fundamentales en los recursos de amparo. El Supremo califica la resolución de Conde-Pumpido como "expansiva" y critica su "innecesaria grandilocuencia", señalando que existen consideraciones prescindibles destinadas a "camuflar la intensidad de la injerencia" en el ámbito jurisdiccional del Supremo. A pesar de la contundencia del texto, la Sala aclara que no se trata de un conflicto institucional, sino de una denuncia sobre la ruptura del TC con su propia jurisprudencia histórica.
El auto pone además el foco en la figura de Cándido Conde-Pumpido, describiendo un historial de fricciones con sus pares. El documento recuerda episodios como aquel borrador de 2021 donde calificó a otros magistrados de "juristas de salón" y "legos", o su choque en abril de 2025 con la magistrada Concepción Espejel. Personas cercanas a la magistratura lo describen como un hombre "soberbio" y "vengativo", recordando su etapa como fiscal general del Estado y su frustración al no ser elegido presidente de la Sala Segunda en 2014, cargo que recayó en Manuel Marchena.
En el plano administrativo, Conde-Pumpido se encuentra actualmente en funciones, ya que su mandato venció el 17 de diciembre de 2025. A pesar de haber solicitado la renovación de los magistrados de designación senatorial en julio de 2025, la Mesa del Senado ha prorrogado el plazo en cinco ocasiones. En este contexto, existen fuertes rumores en el entorno judicial sobre una posible renuncia a la presidencia del TC. El objetivo sería ser nombrado consejero permanente del Consejo de Estado por el Gobierno antes de las generales del 29 de noviembre, un cargo vitalicio que le aseguraría una retribución de por vida y un estatus público de prestigio.
Este enfrentamiento culmina con un duro golpe para el presidente en funciones del TC. El auto del Supremo, que pasa a formar parte de su patrimonio doctrinal, refleja el criterio de una parte considerable de la comunidad jurídica que advierte sobre los excesos de jurisdicción avalados por Conde-Pumpido. Como respuesta a esta situación, la oposición al Gobierno de coalición ya contempla reformas legislativas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar lo que denominan una "mutación constitucional".
