El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó una fuerte crítica este martes contra la gestión de seguridad ciudadana del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La organización política cuestionó el incremento de las muertes registradas durante las intervenciones policiales y advirtió que la implementación de una política de “mano dura” es una evidencia clara del fracaso de los planes de seguridad ejecutados durante los últimos seis años.
La denuncia fue encabezada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, quien durante una rueda de prensa reveló datos alarmantes basados en los levantamientos de la organización. Según Reynoso, entre el año 2020 y octubre de 2026, se han contabilizado un total de 1,152 muertes en hechos que fueron reportados oficialmente como acciones legales o intercambios de disparos.
La dirigente política puso en duda la coherencia del discurso gubernamental, señalando que el Gobierno del PRM ha insistido repetidamente, a través de informes, campañas publicitarias y ruedas de prensa, en que la delincuencia ha disminuido. Ante esto, Reynoso cuestionó por qué, si la situación estaba mejorando, el Estado opta ahora por una estrategia de mano dura, subrayando que el miedo y la inseguridad siguen marcando la vida cotidiana de la población dominicana.
Para sustentar su denuncia, Reynoso detalló la evolución de las muertes en intervenciones policiales por año. Los registros de la Fuerza del Pueblo indican que en 2021 se registraron 76 fallecimientos; en 2022 la cifra ascendió a 139; en 2024 fueron 226; y en 2025 se contabilizaron 214. En lo que va del año 2026, la cifra ya alcanza aproximadamente los 236 fallecimientos. Esta tendencia creciente fue vinculada directamente con la política de mano dura, ejemplificada en el denominado “código 1.29”, el cual fue calificado por la dirigente como una “cortina de humo” para ocultar la ineficacia de los planes gubernamentales.
Desde una perspectiva legal, Reynoso recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte y protege el derecho fundamental a la vida, afirmando que ninguna institución del Estado posee la autoridad para condenar a muerte a un ciudadano. No obstante, aclaró que la Fuerza del Pueblo reconoce y respalda el derecho de los agentes policiales a proteger su integridad y la de los ciudadanos ante amenazas reales. La objeción de la organización radica en el uso de la fuerza letal cuando esta ocurre al margen de los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso.
En este sentido, la titular de Seguridad Ciudadana reclamó que se realicen investigaciones exhaustivas sobre las muertes ocurridas en operativos y sostuvo que el cuerpo policial requiere de una capacitación adecuada, equipamiento moderno, protocolos claros y un respaldo institucional sólido para operar dentro del marco de la ley.
Otro punto crítico de la denuncia fue la disparidad en las estadísticas de homicidios. Mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 por cada 100 mil habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP arrojan una estimación anualizada de 11.8. Reynoso denunció que las autoridades han manipulado los indicadores al excluir muertes en intercambios de disparos, víctimas de nacionalidad extranjera y homicidios clasificados como indeterminados, lo que impide conocer la dimensión real de la violencia en el país.
Asimismo, la dirigente expuso que la propia Policía Nacional ha reconocido la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes. De este total, 17,635 corresponden a violencia intrafamiliar, 11,587 a robos, 4,018 a agresiones sexuales y 2,681 a homicidios. Reynoso cuestionó cómo es posible que persista tal volumen de órdenes pendientes tras más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana.
La vulnerabilidad de las mujeres fue otro eje central de la rueda de prensa. Los levantamientos de la FP registran más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026. Específicamente, los feminicidios íntimos —cometidos por parejas o exparejas— aumentaron de 50 el año pasado a más de 70 en lo que va de 2026, según datos de la Fundación Vida sin Violencia, dejando más de 103 niños huérfanos.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió una rendición de cuentas sobre los recursos invertidos en los más de siete planes de seguridad anunciados en seis años. Reynoso destacó que en este periodo han pasado cinco directores de la Policía Nacional, dos ministros de Interior y Policía, y tres asesores internacionales, sin que se haya cumplido la promesa de reducir la tasa de homicidios en un 50 %. Por ello, reiteró el respaldo a la propuesta de diálogo nacional formulada por el presidente de su partido, Leonel Fernández, para crear una estrategia integral basada en la prevención, la tecnología y el respeto a los derechos fundamentales.
La rueda de prensa contó con la presencia de José David Báez, vocero del bloque de diputados de la FP; Tobías Crespo, diputado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura; Yadira Peña, titular de la Secretaría de Seguridad Social; y Wilkin Moreno, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias.
