La tensión entre el Gobierno de Donald Trump y la judicatura federal en Washington ha alcanzado un punto crítico tras una maratónica audiencia judicial centrada en los planes del presidente para remodelar un campo de golf público. El conflicto, que ha persistido durante meses a través de diversos litigios, se intensificó el pasado lunes cuando el mandatario redobló su postura respecto a la renovación del campo de golf East Potomac.
A través de una publicación en su red social, Truth Social, el presidente Trump afirmó que las obras de cierre y renovación comenzarían “INMEDIATAMENTE”. Esta declaración representa un desafío directo a la orden emitida por una jueza federal, quien había establecido que el Gobierno debe notificar con al menos tres días de antelación antes de iniciar cualquier trabajo en el lugar. En su mensaje, Trump aseguró que el Gobierno no “necesita una aprobación” para proceder con el proyecto, argumentando que el resultado final será de “categoría mundial” y que aportará prestigio e ingresos a la capital estadounidense.
Sin embargo, el proyecto de remodelación se encuentra en el centro de una encarnizada batalla legal. Diversos grupos de conservacionistas y golfistas han intentado frenar las modificaciones que Trump pretende realizar en este parque público. Aunque el caso podría parecer menor en comparación con otras disputas legales del segundo mandato del presidente, el litigio ha demandado la intervención de abogados de alto rango del Departamento de Justicia. Estos funcionarios han intentado defender las acciones del Gobierno y, simultáneamente, diferenciar las gestiones administrativas de las declaraciones públicas realizadas por el presidente sobre sus intenciones para el campo.
La jueza federal de distrito Ana C. Reyes, encargada de supervisar el caso, había emitido la semana anterior una orden exigiendo que el Gobierno avisara con un mínimo de tres días de antelación antes de ejecutar cualquier “modificación irreparable” en el terreno. Durante la audiencia del lunes, la relación entre la magistrada y el fiscal general adjunto, Stan Woodward —el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia—, se tornó tensa debido a las discrepancias en la información proporcionada por el Ejecutivo.
Uno de los puntos más conflictivos ha sido la tala de más de 400 árboles del parque ocurrida a principios de este mes, acción de la cual el Gobierno notificó al tribunal con menos de un día de antelación. La jueza Reyes expresó su frustración ante Woodward, señalando que no sabía cómo proceder cuando recibía versiones contradictorias. La magistrada cuestionó abiertamente la veracidad de los hechos, contrastando que, mientras el presidente de Estados Unidos aseguraba al público que existía un “plan definitivo”, los testigos y los representantes del Gobierno declaraban ante el tribunal que dicho plan no existía.
Ante esta situación, la jueza Reyes evalúa la posibilidad de emitir una orden de mayor duración que limite estrictamente las acciones del Gobierno en el campo, incluyendo la prohibición de talar los árboles restantes. Cabe recordar que la jueza ya se había mostrado “furiosa” la semana pasada por la eliminación de cientos de árboles sin la notificación debida. El Gobierno, por su parte, sostuvo que dicha tala formaba parte del mantenimiento habitual y no estaba vinculada al plan de renovación. Como medida cautelar, Reyes ordenó que no se talaran más árboles antes del 26 de octubre.
El enfrentamiento escaló aún más cuando el Departamento de Justicia presentó una moción el viernes pasado para solicitar que la jueza Reyes fuera apartada del caso, acusándola de mantener un “desprecio por el Gobierno de Trump” y de incurrir en una conducta “flagrante”. No obstante, la jueza rechazó la moción durante el fin de semana y refutó las acusaciones en su contra. Como respuesta a estas tensiones, Trump calificó a la magistrada en Truth Social como una “lunática desquiciada”.
El proyecto de remodelación del campo East Potomac es parte de una serie de renovaciones que Trump impulsa en Washington. La intención del presidente es transformar este espacio público en un campo profesional, una obra cuyo costo se estima entre los 20 y 49 millones de dólares. Esta propuesta ha generado indignación entre ciudadanos que temen que la capital pierda un espacio recreativo público y asequible para la práctica del golf.
