El Congreso de Chile ha dado luz verde a una nueva normativa legal diseñada específicamente para optimizar y acelerar los procesos de expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular dentro del territorio nacional. Esta legislación busca dotar al Estado de herramientas más eficientes para ejecutar las órdenes de salida del país, reduciendo los tiempos de espera y los obstáculos administrativos que anteriormente ralentizaban estos procedimientos.
Uno de los pilares fundamentales y más destacados de esta nueva ley es la modificación de las facultades operativas de las fuerzas de seguridad. A partir de ahora, la normativa permite que el personal policial tenga la autorización legal para ingresar en domicilios particulares con el objetivo explícito de aprehender a personas que cuenten con una orden de salida del país vigente. Esta medida representa un cambio significativo en la capacidad de acción de las autoridades, ya que facilita la localización y detención de aquellos individuos que, habiendo sido notificados de su situación irregular y habiendo recibido una orden de expulsión, no han abandonado la jurisdicción nacional.
El origen de este proyecto legislativo se remonta al año 2024, cuando fue ingresado originalmente por el exmandatario Gabriel Boric. En aquel momento, la iniciativa ya planteaba la necesidad de revisar los mecanismos de control migratorio y la ejecución de las salidas obligatorias. Sin embargo, el impulso definitivo y la aprobación final de la ley se produjeron bajo la gestión de la administración actual.
El proyecto fue reimpulsado con determinación por el gobierno de José Antonio Kast, quien asumió el poder en el mes de marzo. Desde el inicio de su mandato, la administración de Kast ha puesto un énfasis particular en la regularización y el control de las fronteras, así como en la aplicación estricta de las leyes migratorias existentes y la creación de nuevas normativas que permitan un control más riguroso del flujo migratorio.
Este avance legislativo está directamente vinculado con las promesas electorales y el programa de gobierno presentado por José Antonio Kast durante su campaña. El mandatario había establecido como una de sus banderas principales la implementación de un plan masivo de expulsiones. De manera específica, el objetivo planteado por Kast es la salida del país de más de 330.000 migrantes que se encuentran actualmente en situación irregular en Chile.
La aprobación de esta ley proporciona el marco jurídico necesario para que el Ejecutivo pueda avanzar hacia la consecución de esa meta numérica. Al permitir que la policía acceda a los domicilios para ejecutar las órdenes de salida, el gobierno busca eliminar los refugios donde los inmigrantes irregulares podrían evitar la detención, asegurando así que las órdenes emitidas por las autoridades migratorias se cumplan de manera efectiva y expedita.
En resumen, la nueva ley aprobada por el Congreso no solo agiliza los trámites administrativos de expulsión, sino que redefine la operatividad policial en materia de control migratorio. La transición del proyecto desde la administración de Gabriel Boric hacia la gestión de José Antonio Kast refleja una continuidad en la identificación del problema, pero un incremento en la severidad y la velocidad de las medidas implementadas para alcanzar el objetivo de expulsar a los más de 330.000 extranjeros en situación irregular que el actual gobierno ha identificado como su prioridad en esta materia.
