La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, ha manifestado que la fijación de una fecha para los próximos comicios en Venezuela no puede ser la prioridad inmediata. Según la dirigente, es imperativo realizar primero un saneamiento profundo de las instituciones, auditar el registro electoral y suprimir los mecanismos que actualmente obstaculizan la celebración de votaciones transparentes y creíbles.
En una entrevista concedida a El Nacional, Figuera defendió una hoja de ruta orientada a la transición democrática. Este plan se fundamenta en tres pilares esenciales: la reinstitucionalización del Poder Judicial, el rescate de las garantías políticas y civiles, y la posterior convocatoria a elecciones libres. Para la parlamentaria, el establecimiento de una fecha electoral sin estas garantías previas sería contraproducente, insistiendo en que la auditoría técnica del sistema comicial debe anteceder a cualquier anuncio de calendario.
Uno de los avances más concretos mencionados por la dirigente es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Figuera estima que el nuevo tribunal colegiado estará conformado entre noviembre y diciembre de este año. El proceso busca designar a 32 magistrados y 32 suplentes, con el objetivo de transformar al órgano judicial en una institución fuerte, confiable y desligada de la persecución política.
La elección de estos candidatos ha sido liderada por el diputado y constitucionalista Juan Miguel Matheus. Figuera explicó que el Comité de Postulaciones, integrado mayoritariamente por representantes de la sociedad civil y diputados, recibió candidaturas hasta el 9 de octubre. Este proceso ha contado con el apoyo de decanatos y universidades para asegurar que los postulados posean las credenciales y la honorabilidad necesarias, buscando así recuperar la confianza ciudadana en la justicia.
En el plano internacional, la dirigente destacó su reciente reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Según Figuera, el respaldo diplomático de Washington es fundamental para fortalecer la posición de la delegación opositora en la mesa de negociación. La administración estadounidense ha valorado positivamente los esfuerzos para designar un TSJ independiente, la liberación de presos políticos, el levantamiento de bloqueos digitales a medios de comunicación y la derogación de leyes punitivas contra la libertad de expresión.
Respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE), Figuera aclaró que, si bien existe un "entregable" previsto para diciembre, la renovación total de este organismo es un proceso más complejo que el del TSJ. Actualmente, se cuenta con asesoría técnica para analizar el sistema del CNE y el registro electoral, donde ya se han observado irregularidades. La prioridad en este ámbito es la depuración del registro y asegurar que los partidos políticos recuperen sus tarjetas electorales para participar con garantías.
En cuanto a los derechos humanos, la parlamentaria admitió que la Mesa de Garantías Políticas ha sido la más difícil de gestionar. En este espacio se busca la derogación de la Ley contra el Odio y normativas de carácter homofóbico, además de poner fin a la discrecionalidad judicial en decisiones punitivas. Figuera señaló que, aunque se han logrado avances en la libertad de expresión y el restablecimiento de algunas páginas web, medios como El Nacional, La Patilla y Armando.info continúan bajo censura, y diversos periodistas permanecen detenidos.
Sobre la situación de los presos políticos, Figuera ha ejercido presión para lograr liberaciones "emblemáticas", mencionando específicamente el caso del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro. La dirigente subrayó que la libertad de los detenidos políticos no puede ser una promesa aplazada, sino una decisión concreta y prioritaria para avanzar hacia la convivencia democrática.
Finalmente, sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, Figuera indicó que estas reformas se abordarán probablemente el próximo año. A pesar de los obstáculos, defendió la vía negociada como el único recurso institucional disponible tras 27 años de confrontación. Sobre la fecha de las elecciones, la parlamentaria se mostró optimista pero cautelosa, sugiriendo que el proceso podría concretarse a finales del próximo año o a comienzos de 2027, siempre y cuando se garanticen elecciones justas y sin fraude.
