La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha dado un paso decisivo en la búsqueda de soluciones ante el incremento de la criminalidad en la región. A través de un pronunciamiento aprobado por unanimidad, el ente legislativo cruceño ha formulado una serie de medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana, las cuales serán remitidas formalmente al Gobierno central para su implementación.
El secretario general del legislativo cruceño, Luis Ruiz, detalló el alcance de estas propuestas durante una intervención en el programa "ON-Otra Noche con Sissi Áñez", emitido por EL DEBER. En sus declaraciones, Ruiz manifestó una profunda preocupación por la percepción actual del departamento, señalando que Santa Cruz está siendo etiquetado como un lugar inseguro. Según el asambleísta, esta situación es el resultado directo de la proliferación de delitos transnacionales, la incursión de grupos armados extranjeros y las violentas disputas territoriales impulsadas por el narcotráfico. Ruiz fue enfático al afirmar que, bajo el panorama actual, prácticamente no existe un lugar seguro dentro del departamento donde los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad.
Una de las propuestas centrales del pronunciamiento es la implementación de un empadronamiento obligatorio de motocicletas. Esta medida surge como una respuesta estratégica para combatir la inseguridad en las calles, considerando el uso de estos vehículos en diversos actos delictivos. La ALD sugiere que este proceso de registro quede bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a las competencias legales, pero trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos municipales para asegurar que el censo sea efectivo y exhaustivo.
En cuanto al recurso humano, la ALD reclama un incremento significativo en el despliegue policial. Si bien desde la Gobernación se ha cuantificado que el departamento requiere aproximadamente 6,000 efectivos para cubrir las necesidades básicas de la población, el legislativo cruceño pone un énfasis particular en la calidad y especialización de dicho personal. Ruiz matizó que la solicitud no se limita a la cantidad de efectivos, sino a su capacidad operativa. Específicamente, se pide la asignación de unos 230 policías especializados en inteligencia criminal y lucha contra el crimen organizado. El asambleísta destacó que, aunque el número parezca reducido en comparación con el total de la fuerza, el grado de capacitación y especialización de estos agentes sería formidable para enfrentar las amenazas actuales.
No obstante, la solicitud de más efectivos viene acompañada de una advertencia crítica sobre la logística. Ruiz señaló que el envío de personal es inútil si no se garantiza el equipamiento necesario. El legislativo advirtió que no sirve de nada contar con miles de policías si estos permanecen acuartelados o patrullando sin los medios básicos de movilidad. La ALD exige que el Gobierno central dote a la fuerza policial de combustible, motocicletas, camionetas y herramientas adecuadas. Esta dotación es fundamental para que el patrullaje sea efectivo, especialmente en las zonas urbanas identificadas como "focos rojos", en los diversos municipios del departamento y, de manera prioritaria, en las zonas fronterizas.
En un análisis más profundo, Ruiz reconoció que, si bien las medidas propuestas buscan una implementación ágil, el problema de fondo requiere una solución estructural. Esto implicaría una reforma integral de la Policía Boliviana, ya que, según el secretario general, la institución actual no posee la capacidad técnica ni el armamento suficiente para enfrentar cara a cara al narcotráfico y a grupos terroristas que cuentan con tecnología avanzada gracias al financiamiento de actividades ilícitas.
Finalmente, la ALD propuso un cambio en la estructura de mando. Ruiz recordó que anteriormente el comando departamental de la Policía coordinaba directamente con el Prefecto, una dinámica que se ha perdido con el tiempo. El pedido es retomar este modelo para que la comandancia departamental vuelva a depender del gobernador, permitiendo que este tenga un mandato real sobre la tropa y el comando para tomar acciones inmediatas. De lo contrario, advirtió Ruiz, la Gobernación quedará reducida a un simple gestor administrativo que se limita a suministrar combustible a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin capacidad de dirección estratégica sobre la seguridad de la región.
