En un contexto marcado por el malestar social debido al incremento en los costos de las facturas eléctricas, ha saltado a la luz una situación irregular en los predios de la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR). Una actividad social que incluyó el consumo de bebidas alcohólicas, una parrillada y sesiones de karaoke ha terminado en una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.
El impulsor de esta acción legal es el asambleísta departamental Rodrigo Delgado, quien ha informado que presentará la denuncia directamente contra el gerente de SETAR. Según el legislador, el gerente es la máxima autoridad responsable de la administración y el control de todos los predios que pertenecen a la empresa eléctrica, por lo que recae sobre él la responsabilidad de velar por el uso correcto de dichos espacios.
La denuncia tiene su origen en una serie de evidencias digitales. Delgado señaló que la irregularidad fue detectada a partir de una publicación realizada por miembros de la directiva del barrio Aeropuerto. En dicho material, se puede observar el desarrollo de una actividad social llevada a cabo el pasado lunes por la noche en un espacio específico de la empresa SETAR, conocido como “La Sede”.
De acuerdo con las declaraciones del asambleísta, las imágenes son claras y muestran a un grupo de personas participando en una reunión donde se consumían bebidas alcohólicas y se realizaba una parrillada, complementada con una actividad de karaoke. Este escenario ha generado una fuerte reacción en el legislador, quien cuestionó la ética de quienes organizaron el evento en medio de una situación económica difícil para la población.
“Llama la atención que, en un momento de crisis, donde el usuario tiene que pagar facturas elevadas, en SETAR se den la larga, la dolce vita”, manifestó Delgado, subrayando el contraste entre las dificultades financieras de los consumidores de energía eléctrica y la actitud de algunos funcionarios o personas vinculadas a la administración de la empresa.
El objetivo principal de la denuncia presentada ante el Ministerio Público es esclarecer los pormenores de la organización de este evento. El asambleísta sostuvo que es imperativo establecer quién fue la persona que autorizó la realización de la actividad en un predio público y, fundamentalmente, determinar qué funcionarios de la empresa participaron en la misma.
Delgado aclaró que la acción penal se plantea bajo el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado. En este sentido, será el Ministerio Público la entidad encargada de llevar adelante la investigación, analizar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales que deban ser atribuidas a los implicados.
Sin embargo, la acción legal no es la única medida que se ha tomado. El legislador anunció que, de manera paralela a la denuncia penal, solicitará que se inicie una investigación interna. Esta solicitud será canalizada a través de la Unidad de Transparencia de la administración departamental, con el fin de que se revisen los protocolos de uso de los espacios de la empresa y se sancione administrativamente cualquier irregularidad detectada.
“Vamos a hacer las representaciones para que se investigue internamente, como también ante el Ministerio Público”, afirmó el asambleísta, dejando claro que se agotarán todas las instancias administrativas y judiciales disponibles.
Un dato adicional que agrava la situación es la posibilidad de que este hecho no sea un evento aislado. Rodrigo Delgado señaló que ha recibido referencias de vecinos del barrio Aeropuerto, quienes aseguran que el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio denominado “La Sede” sería una actividad recurrente. Ante estas versiones, el asambleísta ha insistido en que se determine si existieron autorizaciones previas para este tipo de reuniones y, en caso afirmativo, quiénes fueron los funcionarios que otorgaron dichos permisos.
Finalmente, el proceso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá analizar la denuncia y las evidencias presentadas para establecer si existió un uso irregular de los bienes públicos y si corresponde iniciar procesos judiciales contra los responsables de la administración de SETAR.
