El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ha anunciado que llevará el caso de su reciente censura parlamentaria ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión surge luego de que el Órgano Legislativo aprobara su censura debido a que el funcionario no se presentó a una sesión de interpelación convocada para analizar las políticas implementadas por el Gobierno para mitigar la crisis económica que atraviesa el país.
Durante un encuentro con medios de comunicación realizado en la ciudad de Santa Cruz, el ministro Espinoza manifestó su lamentación ante la decisión tomada por los legisladores. El funcionario aseguró que justificó debidamente su ausencia ante el Parlamento, el cual lo había citado para rendir cuentas sobre temas críticos para la estabilidad del Estado, específicamente en lo referente a la gestión pública, la política monetaria y la planificación macroeconómica.
El núcleo de la controversia legal planteada por Espinoza radica en la interpretación de los requisitos constitucionales para que una censura sea válida. Según las declaraciones del ministro, la Constitución establece que para censurar a un miembro del gabinete ministerial se requiere el voto de dos tercios de la Asamblea. No obstante, Espinoza argumentó que en su caso la censura se logró con dos tercios de los parlamentarios presentes en la sesión, y no de la totalidad de la Asamblea, lo cual fundamenta su intención de consultar la constitucionalidad de este acto ante el máximo tribunal.
El ministro fue enfático al señalar que se apegará estrictamente a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado para determinar si la decisión de la Asamblea es legal o si, por el contrario, carece de sustento jurídico. En este sentido, indicó que el destino de su permanencia en el cargo dependerá ahora de la resolución que emita el Tribunal Constitucional.
Desde una perspectiva política, Espinoza calificó el proceso de censura como el reflejo de un nivel de politización que consideró "extremo". A pesar de la presión legislativa, el ministro afirmó que continuará ejecutando las tareas y el plan de trabajo que le fueron encomendados por el presidente Rodrigo Paz, subrayando que su compromiso con la gestión gubernamental permanece intacto.
Respecto a los motivos de su inasistencia, el titular de Economía justificó que las agendas de trabajo de las autoridades gubernamentales frecuentemente entran en conflicto con los tiempos y cronogramas planteados por el Parlamento. Espinoza reveló que había solicitado la reprogramación de la interpelación debido a que tenía previstos viajes oficiales a Santa Cruz y a Brasil para atender asuntos urgentes del Estado. Sin embargo, los legisladores rechazaron dicha solicitud, procediendo a la votación donde 91 de los 129 parlamentarios presentes votaron a favor de su censura.
Por otro lado, la postura del Órgano Legislativo fue representada por la diputada opositora Elena Pachacute, integrante de la alianza Libre del expresidente Jorge Quiroga. Pachacute rechazó tajantemente que la censura sea una medida de "revancha política", sosteniendo que es la consecuencia directa de una interpelación en la que se demandaron respuestas concretas y responsabilidades claras ante la crisis económica que afecta a la población boliviana.
La legisladora subrayó que el mensaje político es contundente y que el ministro ha perdido la confianza del Órgano Legislativo. Según Pachacute, el momento histórico actual exige ministros que estén a la altura de las circunstancias, que trabajen activamente y que posean un conocimiento real de la situación que vive el pueblo boliviano.
Desde el punto de vista normativo, la censura conlleva la destitución del cargo según la Constitución Política del Estado. Adicionalmente, la Ley 1350, que regula los efectos de este mecanismo, estipula que una vez resuelta la censura y comunicada formalmente al presidente, este último debe proceder a la destitución del ministro en un plazo no mayor a 24 horas.
No obstante, el escenario político boliviano presenta precedentes que generan debate sobre la naturaleza vinculante de esta medida. En procesos anteriores, los expresidentes Luis Arce y Jeanine Áñez aplicaron una práctica consistente en destituir a los ministros censurados para, posteriormente, restituirlos en sus cargos. Esta acción ha sido cuestionada por diversos críticos, quienes sostienen que tal proceder vulnera el espíritu y la obligatoriedad del mecanismo de censura establecido en la Constitución.
