La jueza Abelina Cruz Toscano ha dictaminado que Jenniffer Dinora Bachez, ampliamente conocida bajo el alias de “La Barby del Sur”, junto a Axel Omar Chavar Sánchez, deberán someterse a un juicio oral y público en Guatemala. Ambos señalados enfrentan cargos graves relacionados con el narcotráfico, específicamente por los delitos de tráfico, almacenamiento y comercio ilícito de drogas.
La resolución fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual determinó que la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) cuenta con los elementos suficientes para abrir el debate contra los acusados. Con esta decisión, el proceso judicial avanza hacia una etapa decisiva donde se analizarán las pruebas recabadas durante la investigación. Para dar continuidad al proceso, la autoridad judicial ha programado la audiencia de ofrecimiento de prueba para el próximo 31 de agosto.
Jenniffer Dinora Bachez había ganado notoriedad en el departamento de Escuintla debido a su participación en diversos certámenes de belleza, razón por la cual recibió el sobrenombre de “La Barby del Sur”. Sin embargo, su reconocimiento local se ha visto opacado por las investigaciones que la vinculan con estructuras dedicadas al comercio de sustancias prohibidas.
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público expuso los hallazgos obtenidos durante las diligencias de captura. De acuerdo con la entidad fiscal, al momento de la detención fueron incautados 193 paquetes de droga, además de 23 vehículos que presuntamente estaban vinculados con las operaciones logísticas de narcotráfico investigadas. Todas estas evidencias fueron puestas a disposición de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) para su análisis técnico.
El MP enfatizó que los elementos reunidos, así como la presunta conexión de Bachez y Chavar Sánchez con redes criminales organizadas, serán discutidos y probados detalladamente durante el debate oral y público. La fiscalía sostiene que existe una base probatoria sólida para sostener la acusación frente al tribunal.
La trayectoria judicial de Jenniffer Dinora Bachez en este caso ha sido compleja. Su recaptura se llevó a cabo el 4 de marzo, derivada de una orden judicial emitida el 15 de diciembre de 2025 por un juzgado de Escuintla. No obstante, este no fue su primer encuentro con las autoridades en el marco de esta investigación.
Bachez había sido detenida previamente el 11 de octubre de 2025. Dicha detención ocurrió durante un operativo coordinado por agentes de la DIP-PNC en una vivienda ubicada en la colonia Centro América, en la zona 3 de Escuintla. En aquella intervención policial, las autoridades detuvieron a la exreina de belleza junto a otros trece hombres. Durante ese allanamiento, se reportó la incautación de un arsenal compuesto por 10 pistolas y cinco carabinas, además de cargadores con municiones y un cargamento de 393 paquetes de cocaína.
A pesar de la magnitud de aquel operativo, “La Barby del Sur” logró recuperar su libertad temporalmente, antes de que se emitiera la nueva orden de captura que llevó a su actual situación procesal. El proceso actual es conocido por designación de la Corte Suprema de Justicia y se centra estrictamente en los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes.
En el transcurso de la audiencia, la defensa de los acusados solicitó el cierre provisional del proceso. Sin embargo, la jueza Abelina Cruz Toscano rechazó tajantemente esta petición. La juzgadora consideró que el tiempo transcurrido desde la detención inicial fue suficiente para que la defensa solicitara todas las diligencias necesarias para su estrategia legal, por lo que no existía fundamento para detener el avance del juicio.
El proceso continuará el 31 de agosto con la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esta sesión, el tribunal determinará qué evidencias serán admitidas para el posterior debate oral y público, donde se definirá la situación jurídica de los imputados. Es importante señalar que la resolución actual no constituye una sentencia condenatoria; los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que el tribunal determine su responsabilidad final basándose en las pruebas presentadas ante la justicia guatemalteca.
