La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, ha rechazado categóricamente que los lineamientos diseñados para garantizar el derecho de las audiencias constituyan un mecanismo de censura o que otorguen al Gobierno Federal facultades para controlar el contenido que los medios de comunicación deciden publicar.
En una entrevista concedida a EL UNIVERSAL, la funcionaria salió en defensa de las disposiciones que actualmente se encuentran en un proceso de consulta pública, el cual tiene como fecha de cierre el próximo 21 de agosto. Durante la conversación, Alcalde aseguró que las críticas emitidas por diversos especialistas, organizaciones civiles y representantes de la industria de la radio y la televisión se basan en una interpretación errónea que no coincide con el contenido real del proyecto.
Según la consejera Jurídica, los lineamientos no contemplan prohibiciones para la expresión de opiniones, tampoco establecen sanciones basadas en contenidos periodísticos, ni otorgan a la autoridad la capacidad de imponer una denominada “verdad oficial”. En este sentido, Alcalde fue enfática al señalar que tales críticas se encuentran "totalmente fuera de la realidad" y sugirió que responden más a un intento de construir una falsa narrativa sobre el sentido de las disposiciones.
La funcionaria insistió en que cualquier ciudadano que acceda a leer el documento puede constatar que no existen elementos vinculados a la intención de acallar voces o de imponer visiones únicas. Reiteró que ni los lineamientos ni la ley establecen nuevas obligaciones o criterios que puedan vincularse con la censura, calificando como "absolutamente falso" que el gobierno pretenda sancionar los contenidos de los medios.
Para contextualizar la iniciativa, Alcalde recordó que los derechos de las audiencias no son una creación de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que están reconocidos en la Constitución mexicana desde el año 2013. Explicó que, en 2014, se incorporaron mecanismos legales en materia de telecomunicaciones para hacer efectivos estos derechos, incluyendo la obligatoriedad de contar con defensores de las audiencias y códigos de ética. Sin embargo, señaló que una contrarreforma impulsada posteriormente por el Partido Acción Nacional (PAN) eliminó dichos mecanismos. Por esta razón, sostuvo que la reforma de 2025 busca retomar las disposiciones que ya habían sido contempladas años atrás, afirmando que prácticamente se retoma lo establecido en la ley de 2014.
Respecto al alcance de los lineamientos en discusión, la consejera aclaró que estos están dirigidos exclusivamente a los medios de radio y televisión. El objetivo primordial es facilitar que la audiencia identifique con claridad la naturaleza del contenido que consume: si se trata de una noticia, una opinión o un contenido publicitario. Como ejemplo, planteó el caso de un conductor de programa informativo que mezcla noticias con comentarios personales; en tales circunstancias, el medio deberá colocar una advertencia previa, como un cintillo o una pleca, para informar al público sobre la naturaleza mixta del programa, evitando así la confusión.
En cuanto a la publicidad, Alcalde argumentó que los medios deben advertir cuando existan contenidos publicitarios y deban identificar las marcas promovidas, bajo la premisa de que el público debe saber cuándo una información tiene una intención comercial, afirmando que "no hay un derecho a manipular o a engañar".
Uno de los puntos más críticos de la defensa de Alcalde se centró en el esquema de sanciones. La funcionaria precisó que las multas no estarán relacionadas con la línea editorial ni con el contenido periodístico. De acuerdo con su explicación, los medios tendrán tres obligaciones administrativas principales: emitir un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas.
Sobre el código de ética, Alcalde recalcó que cada medio será el responsable de definir sus propios mecanismos de verificación de la información, subrayando que el gobierno no será quien decida qué es una noticia falsa. En el caso de que un medio publique información falsa y esto se acredite, el defensor de las audiencias podría recomendar una aclaración, pero no existiría una multa por el contenido en sí.
La autoridad solo intervendría ante el incumplimiento de las obligaciones estructurales. Es decir, un medio podría ser sancionado si se niega a emitir su código de ética, si no designa a un defensor de las audiencias o si no implementa un sistema de quejas. "Estas son las causales por las cuales la autoridad interviene", puntualizó.
Finalmente, la consejera Jurídica reconoció que existen áreas de oportunidad para ser más precisos en el documento y evitar conceptos sujetos a interpretación, razón por la cual se abrió la consulta pública. Asimismo, confirmó que mantiene un diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y aseguró que el gobierno tiene la disposición de modificar puntos y comas del documento basándose en las observaciones recibidas.
