En Nicaragua, existe una brecha profunda y creciente entre el discurso oficial de prosperidad y la realidad económica que enfrentan sus ciudadanos. Mientras Rosario Murillo, a través de sus monólogos diarios, sostiene que el país evoluciona hacia "caminos de dignidad, de estabilidad, de seguridad, de trabajo y prosperidad", los indicadores económicos y sociales sugieren una trayectoria opuesta, marcada por una radicalización que impacta directamente en el bolsillo de la población.
Desde una perspectiva de producción económica y renta tributaria, el país muestra signos de estancamiento en su sector formal. Según datos citados por el politólogo Manuel Orozco, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo identificó cerca de 160,000 negocios formales en 2017. Diez años después, la cifra se mantiene prácticamente igual, a pesar de que el crecimiento económico anual ha sido del 3.3%. Esta falta de crecimiento en el número de empresas formales, que son los principales contribuyentes del impuesto sobre la renta, contrasta con un aumento en la carga tributaria para el ciudadano promedio.
Uno de los puntos más críticos es el crecimiento de la economía informal, que pasó del 69% al 75% en la última década. En este escenario, el nicaragüense promedio está pagando más impuestos que en cualquier otro período reciente, principalmente a través del impuesto de ventas. De hecho, la contribución tributaria vía impuesto de ventas ha crecido más en los últimos diez años que la contribución de las empresas, lo que significa que quienes generan menos ingresos son quienes más están sosteniendo la recaudación estatal.
El gobierno ha promovido programas como "Usura Cero", presumiendo la entrega de miles de créditos en diversos municipios. Sin embargo, la realidad de estos microcréditos es insuficiente para combatir la pobreza. Con montos que alcanzan los C$1,000, estos préstamos no cubren siquiera un salario mínimo, mientras que se estima que un negocio unipersonal requiere una renta equivalente a cinco salarios mínimos para prosperar y formalizarse.
A pesar del incremento en la recaudación de impuestos y el endeudamiento externo, estos fondos no se han traducido en un mayor bienestar social. La inversión pública ha crecido, pero ha sido canalizada hacia un modelo de "Estado empresario". Este sistema beneficia principalmente a empresas de construcción y obra pública vinculadas al clan familiar, amigos del régimen y exmilitares, dejando de lado la redistribución de la riqueza hacia el pueblo.
El retroceso en los derechos básicos es evidente en el sector educativo y de salud. La producción en educación como porcentaje del ingreso nacional ha disminuido en la última década, afectada tanto por la falta de incremento en el gasto público como por la confiscación de universidades, librerías y escuelas privadas. Las cifras de la UNESCO son alarmantes: la tasa de deserción escolar en secundaria aumentó del 20% en 2014 al 38% en 2024, y solo el 50% de los estudiantes logran terminar este nivel educativo.
En contraste con el recorte en servicios básicos, el gasto en administración pública y defensa ha crecido sostenidamente. Para el año 2026, se proyecta que el gasto en estas áreas sea mayor que el presupuesto destinado a educación y salud combinados. Esta prioridad presupuestaria se refleja en una realidad impactante: Nicaragua cuenta actualmente con más policías que maestros y médicos juntos.
Finalmente, el país mantiene una estabilidad macroeconómica basada en un tipo de cambio fijo y una acumulación de reservas internacionales, alimentada en gran medida por la entrada de remesas y la política fiscal. Sin embargo, este beneficio es exclusivo del Estado, mientras que la población enfrenta menos servicios públicos, menores ingresos y una economía informal creciente. Esta estructura, caracterizada por recortes al gasto social y aumento de impuestos al consumo, presenta rasgos de una política económica neoliberal que contradice el discurso de solidaridad y cristianismo proclamado por el gobierno de Ortega y Murillo.
